Un empresario confirma que cedió parques eólicos suyos para conseguirlos en Sahagún, como le pidió la Junta
El empresario y presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) entre 2004 y 2012, José María González Vélez, afirmó hoy que cedió derechos de parques eólicos en Montes Torozos (Valladolid) para que le dieran la autorización en los de Sahagún (León), como le planteó expresamente la Junta de Castilla y León.
“Me dijeron que si quería tener parques en Sahagún tenía que ceder los Torozos, y así lo hice”, manifestó en su comparecencia en la comisión de investigación de autorización de parques eólicos en las Cortes de Castilla y León, que ha retomado los testimonios ahora que está presidida por el PSOE y no, como hasya ahora, por PP y Ciudadanos.
González Vélez confirmó lo que manifestó en su declaración en el juzgado como testigo y precisó que tenía una relación directa con el entonces vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, pero que no realizó ninguna intervención con el principal encausado en la 'trama eólica', Rafael Delgado, aunque sabía que “era el hombre de confianza” del primero.
El empresario explicó que presentó toda la documentación para la adjudicación de 350 megavatios en Montes Torozos y Sahagún pero el expediente estuvo paralizado “en el cajón” al menos durante dos años, sin que se pusieran en contacto con él cuando la Ley da un plazo para responder.
Sin embargo, cuando el ya fallecido Tomás Villanueva le planteó la cesión de derechos del parque de Torozos para tener la autorización en Sahagún manifestó que aceptó para que no le dieran “una patada en la espinilla” o tener que ir al juzgado, a la vez que indicó que los derechos no tenían valor más allá de las gestiones o mediciones de viento.
El expediente “se desatrancó”
Una vez que aceptó, se firmó un contrato de cesión con el empresario local González Vallinas, a quien no conocía y “nunca hubiera aceptado” a no ser que él le dijera a Villanueva que “tenía un consejo detrás y a ver si lo le iba a dar potencia” en Sahagún, lo que el entonces consejero le garantizó. “A los dos meses de la firma del contrato, el expediente paralizado, se desatrancó”, aseveró.
González Vélez, que lamentó que los “socios que entraron con piel de cordero para aportar músculo vieron un negocio y vendieron”, consideró que el procedimiento para tener parques no fue solo así aquí y apuntó a Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia o Cantabria.
En relación a que los derechos cedidos tuvieran un valor de 15 millones de euros, como se publicó, no se quiso pronunciar y solo indicó los 100.000 euros por megavatios que se pagaban entonces, por lo que “podría ser”, pero insistió en que en todas las comunidades y gobernadas por todos los partidos “hay cuestiones” que no se atreve “a publicar”.
El empresario pidió que “no se hagan cosas en contra de la ley” y el popular Salvador Cruz le recordó que no se retrasó su expediente, sino que fueron un conjunto de ellos ante la avalancha por el “boom” de las eólicas, aunque reconoció que el hecho de que estuviera desbordada la administración no era una excusa para dar una respuesta.
Presunto pago de comisiones por 80 millones
Cruz se acogió a la aseveración de que no era una práctica solo de Castilla y León, sino de más comunidades, para indicar que quisieron vincular una 'trama eólica“ con la presunta corrupción del PP, y la socialista Patricia Gómez replicó, tanto al 'popular' como al empresario que poco antes afirmó que ”quién cocina se quema“, que la comisión se ha abierto en la Comunidad y no en otras por una querella en la Fiscalía Anticorrupción de presunto pago en comisiones de 80 millones.
Gómez insistió en preguntar al empresario, que se consideró perjudicado con la cesión de derechos a empresarios locales a cambio de una autorización en otro grupo de parques, si considera que eso es normal, y, tras varias preguntas en esa dirección, acabó reconociendo que “no era el procedimiento adecuado”.
El procurador de Cs José Ignacio Delgado valoró “la valentía” del empresario por ser de los pocos en reconocer “prácticas irregulares de responsables políticos” y Laura Domínguez destacó que su relató se haya diferenciado de los cargos públicos que “no se enteraron de nada”.
Al final de su intervención, manifestó que acudió a la comisión “sin reserva”, lamentó que el Juzgado no haya emitido aun una resolución y pidió a los grupos políticos que miren al futuro y no al pasado, a la vez que dejó una propuesta para que apuesten por el autoconsumo energético como proyecto en pequeños pueblos y lucha contra la España vaciada.
Sicilia y León
A raíz de su declaración, la portavoz socialista en la comisión de investigación de las eólicas, Patricia Gómez, afirmó que este lunes se ha confirmado en las Cortes “por qué a esta tierra se la llamaba Sicilia y León”.
“Hoy se ha confirmado por qué a esta tierra se la llamaba Sicilia y León, por unas prácticas que obligaban a empresarios a ceder sus participaciones” a otros locales, declaró al término de la comisión de investigación que hoy retomó su trabajo con la comparecencia de el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, el exdirector financiero de Gesturcal y Ade Parques Francisco Armero y el citado empresario.
La expresión “Sicilia y León” figura en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, conocido en mayo de 2015, atribuida a empresarios que se vieron “extorsionados” por la cúpula de la entonces Consejería de Economía y Empleo de la Junta. El caso está en investigación en el Juzgado número 4 de Valladolid.
Los dos primeros se acogieron a su derecho a no declarar pero el tercero confirmó en las Cortes lo que ya dijo en el Juzgado de instrucción número 4 de Valladolid en calidad de testigo en la causa abierta sobre la 'trama eólica', manifestó la socialista, que acusó a PP y Cs de creer que esta investigación parlamentaria es “un cuento de Bambi”.
En tal sentido, valoró que, a preguntas de su grupo, el empresario acabo por reconocer que se “vio obligado” a realizar la cesión de derechos para conseguir la autorización para el grupo de parques pedido en Sahagún. “Esa era la práctica del anterior equipo de la Consejería de Economía”, zanjó, en referencia al fallecido Tomás Villanueva y a los exviceconseeros Rafael Delgado y Begoña Hernández.
Francisco Armero se acoge a su derecho a no declarar
Por su parte, el que fuera director financiero de Gesturcal y de la fusionada Ade Parques, Francisco Armero, declinó hoy realizar ninguna declaración y no responder a las preguntas formuladas por los portavoces en relación a su participación y responsabilidad en la operación de alquiler y compra del edificio de soluciones empresariales en Arroyo de la Encomienda, conocido como 'La Perla Negra'.
Se acogió así al derecho a no declarar al estar imputado por el Juzgado de instrucción número 2 de Valladolid en un presunto delito de malversación continuada durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, la adquisición de terrenos en Portillo para la construcción de un parque empresarial y edificio centro de soluciones empresariales de la Junta de Castilla y León que hoy retomó sus trabajos con su nueva presidenta, la socialista Ana Sánchez.
Armero solo precisó que fue director financiero primero de Gesturcal y después de su fusión en Ade Parques en ésta hasta 2012, sin hacer ningún otro comentario a preguntas de los procuradores en relación a su participación en la operación, ya que firmó “facturas de dudosa legalidad” por lo que está encausado.
Un agujero de 400 millones
Precisamente, Laura Domínguez (Podemos), Francisco Javier Panizo (Ciudadanos) y Patricia Gómez (PSOE) se refirieron a la compra del citado inmueble y recordaron que la fusión de Gesturcal con Ade llevó a la quiebra a la primera y dejó un “agujero” de 400 millones y despidos.
Domínguez invitó al compareciente a decir en la comisión lo que declaró en el juzgado en el sentido de que “no vio con buenos ojos la operación”, pero no lo consiguió, mientras que Patricia Gómez le recordó que si lo hubiera denunciado no se habría producido la presunta malversación de caudales públicos.
“Eran conscientes de lo que se podía hacer con ese dinero, en vez de beneficiar a un chiringuito y a sus amiguitos”, indicó Gómez en referencia a Urban Proyecta, la empresa a la que se compra el inmueble. “Como servidor público tenía que haber velado por los intereses de la empresa pública”, anotó la socialista.
No solo se firmaron facturas por importe de 60 millones, sino otras de 4,5 y 9,7 millones, así como a “Parque Olid que pasaba por allí” otras dos de 61.486 y 128.211 euros, relató Patricia Gómez, que reiteró que ya fuera por acción u omisión tiene “una responsabilidad porque lo que hicieron es muy grave”, con independencia de lo que diga la justicia.
La comparecencia fue breve ya que los portavoces no consumieron la totalidad de su tiempo, mientras que el PP, a través de Salvador Cruz, no realizó ninguna pregunta dado que Francisco Armero se acogió a su derecho a no responder.
