Núñez Feijóo mantiene los recursos contra el decreto
La Xunta de Galicia ha anunciado que mantendrá los recursos contra la aplicación del decreto del carbón y ha considerado “muy llamativo” que al Gobierno “le preocupe más” llegar a un acuerdo con las tres empresas eléctricas que con el Gobierno gallego, al que “no quiso escuchar en ningún momento”.
Así ha reaccionado la Xunta tras saber que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han retirado la petición de suspensión cautelar que habían planteado ante el Tribunal de la Unión Europea (UE) para paralizar la aplicación del decreto del carbón nacional.
En un comunicado difundido esta tarde, la Consellería de Economía e Industria reitera su “firme postura en defensa de los intereses de Galicia frente a los negativos efectos” de la posible entrada en vigor del decreto en el tejido energético y productivo de Galicia.
La Xunta desvela que este departamento del Ejecutivo gallego envió una carta al ministro de Industria el pasado día 27 de enero en la que comunica su intención de no retirar los recursos presentados ante distintas instancias judiciales debido a “la falta de interlocución” con el Ministerio, y plantea en el escrito una propuesta de negociación.
La Consellería destaca en la carta que no se opone al desarrollo de la minería del carbón autóctono en otros puntos de España, y exige al Gobierno que equilibre los intereses de los distintos territorios.
Plantea además una seria de propuestas para encontrar una solución a los negativos efectos de la regularización en el tejido socioeconómico de Galicia, y se queja de que “una vez más” no ha obtenido respuesta del Ejecutivo central.
La Xunta muestra su disposición “proactiva y de colaboración” y propone la elaboración de una nueva orden de reducción de los programas de producción “más solidaria y justa”, que permita dar cabida al 15% de producción con carbón nacional.
En su carta al Ministerio, la Consellería insiste en la necesidad de que la Xunta esté presente en la comisión de seguimiento encargada de evaluar el impacto de la aplicación del real decreto en Galicia, de la que “el Gobierno de todos los gallegos fue excluida sin ningún tipo de explicación”.
Denuncia las “constantes muestras de deslealtad institucional” por parte del Ministerio de Industria, “derivadas del hecho de que no se quiere escuchar a Galicia”, y muestra su disponibilidad para encontrar una solución.
Según el Gobierno gallego, la entrada en vigor del real decreto no solo afectaría a las centrales térmicas y a los ciclos combinados gallegos, sino que también tendría un efecto negativo sobre las empresas auxiliares, los transportistas, la planta de Reganosa, los puertos de Ferrol y A Coruña, y sobre las arcas públicas de los Ayuntamientos y de la propia Xunta.
