UPyD lamenta que la Junta prefiera potenciar Diputaciones a fortalecer municipios
Unión Progreso y Democracia en Castilla y León critica que el Gobierno regional prefiera potenciar las Diputaciones Provinciales en lugar de fortalecer los municipios, tal como se desprende de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta castellanoleonesa. Esta nueva ordenación, pese a acertar en el diagnóstico (duplicidades, micromunicipalismo, escasa eficiencia y sobrecoste) no soluciona otros problemas de base: la preponderancia de instituciones sin elección directa de los ciudadanos, la falta de financiación para los municipios, la incapacidad para fijar población y para asegurar el desarrollo económico y social.
La formación magenta también muestra su preocupación por la falta de coordinación entre los proyectos del Gobierno nacional y regional pese a pertenecer al mismo partido político y pecar de los mismos errores. Existe el riesgo de que la norma que apruebe el Ejecutivo en última instancia invalide el trabajo realizado y que esta reestructuración se convierta en un proyecto más de los que han abordado esta situación a lo largo de los últimos treinta años.
El coordinador territorial en funciones, Rafael Delgado, lamenta que la Junta no esté dando los pasos adecuados para ordenar el territorio e insiste en que no se puede gobernar de espaldas a los ciudadanos: “La Junta y el principal partido de la oposición confunden municipalismo con mantener el poder en sus municipios”. Prueba de ello“, continúa ”es que se han molestado más en explicar a sus alcaldes el proyecto que a los ciudadanos y se ha excluido a los otros partidos de la oposición y a los colectivos afectados en la Mesa de Ordenación“.
Por su parte, UPyD apuesta una ordenación territorial centrada en los servicios a los ciudadanos y la mejora de la calidad democrática. Por ello, propone suprimir las Diputaciones y las mancomunidades, que escapan del control de los ciudadanos y mantener sólo tres niveles administrativos: Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno central. Asimismo, plantea fusionar municipios bajo los criterios de eficacia, cercanía, desarrollo económico y sin merma de los servicios básicos, en especial, los referidos a la Sanidad y a la Educación. Como resultado, se conformarían 77 Ayuntamientos en lugar de los 2.248 actuales y se obtendría un ahorro mínimo de 310 millones de euros.
