UGT llama a la unión sindical para iniciar movilizaciones contra los recortes sanitarios
La secretaria autonómica de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Ámez, ha hecho este jueves un llamamiento al resto de organizaciones sindicales para unirse en las protestas y movilizaciones ante los recortes que la Junta pretende aplicar en la Sanidad pública.
Con esta petición, pretende hacer más fuerza ante la administración de la comunidad y también alejar comentarios acerca de cualquier enfrentamiento que pudiera surgir de la proximidad de las elecciones sindicales, que se celebrarán el próximo 23 de febrero. “Esto es una cuestión de todos los trabajadores públicos de la comunidad”, ha asegurado Amez, quien ha explicado que se pondrá en contacto con el resto de sindicatos para iniciar movilizaciones a partir de la próxima semana, que podrían llevar incluso a la huelga.
Los cálculos de UGT elevan hasta 720 los empleados que podrían perder su trabajo con las nuevas medidas que se aplicarán en el sistema público de salud. Con esta información contrarresta la que el propio consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, comunicaba en una misiva enviada ayer a todos los profesionales del sector en la comunidad, en la que señalaba que no se pensaba despedir a nadie. “No despedirán, pero no van a renovar los contratos temporales que se han hecho durante este tiempo”, ha denunciado Ámez.
El propio consejero de Sanidad enviaba ayer a todos los profesionales de este sector una misiva en la que señalaba que debían arrimar el hombro ante esta situación y que no iba a despedir a nadie. Amez ha denunciado que el hecho de no despedir no impide que no renueve los contratos temporales que se han hecho estos años, lo que repercutirá en la calidad asistencial y en los derechos laborales de los trabajadores.
La secretaria de UGT también se ha referido a la cifra de 7.500 profesionales que el consejero asegura que se han incorporado durante estos años al sistema autonómico público de salud. “Cuando esta comunidad asumió las competencias en 2002, contaba con un déficit de plantilla”, manifiesta.
Falta información
El principal problema de este conflicto es la falta de información y de claridad de la Consejería de Sanidad. “Hemos preguntado cuánto prevén ahorrar con el incremento de jornada a 37,5 horas semanales y nos han respondido que no han hecho las cuentas”, asegura Ámez. En cuanto a la distribución de las horas, el trabajo de algunos servicios y el mantenimiento de las guardias surgen también dudas porque no se concreta el cómo, a pesar de que este tema entra este viernes ya en trámite parlamentario.
