El TSJ anula el permiso dado a la cementera de La Robla para incinerar residuos tras el límite legal

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental y inicio de actividad de la fábrica de cemento de La Robla (León) otorgadas a Sociedad Anónima Tudela Veguín por la Consejería de Medio Ambiente en 2008 y 2010, respectivamente. Esas autorizaciones eximían a la compañía de cumplir el

límite legal de emisión de dióxido de azufre, según informó hoy Ecologistas en Acción.

Los permisos anulados conllevaban la utilización sistemática de esta fábrica de cemento como una instalación de incineración de residuos, autorizada a quemar hasta 33.000 toneladas al año de neumáticos fuera de uso. De hecho, en los últimos tres años se quemaron más de 90.000 toneladas de este residuo, en buena medida importado desde otras comunidades autónomas e incluso desde Francia, señala la organización conservacionista.

En su autorización ambiental, recuerdan, la Junta eximió a la empresa propietaria de la fábrica del cumplimiento del valor límite de emisión del contaminante dióxido de azufre, límite establecido por la normativa de incineración de residuos en 50 miligramos por metro cúbico (mg/m3). A pesar tramitar en las mismas fechas un Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire en la zona de La Robla, por los elevados niveles de este contaminante, la Consejería –afirma Ecologistas en Acción- autorizó emitir a la cementera hasta 1.200 mg/m3, es decir, 24 veces más que el límite legal aplicable.

El TSJ entiende que “dados los problemas de contaminación atmosférica existentes en La Robla, no podían autorizarse, como se ha hecho en la Orden impugnada de 30 de mayo de 2008, unos valores de emisión superiores a los permitidos en el Real Decreto 653/2003, no siendo suficiente para ello con la mención que se hace en esa Orden a las ”exenciones“ que se contemplan en esa norma, al no justificarse adecuadamente”.

La sentencia añade que “no se justifica en esa orden que las exenciones a los límites máximos de emisión que se establecen no son perjudiciales para la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta, especialmente, que las instalaciones de que se trata se ubican en suelo clasificado como urbano consolidado y que se encuentran en zona próxima a los usos residenciales del núcleo urbano de La Robla”.

La presunción de daños para la salud de los habitantes de La Robla, explica el colectivo, se fundamenta en el propio Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire en aprobado por la Junta en 2009 y en la declaración judicial del médico titular de la localidad entre 1987 y 2009. “En ese testimonio se ponen de manifiesto los problemas respiratorios de la población, en especial ancianos y niños, y su relación con la precaria calidad del aire”, apunta la sentencia.

Finalmente, el TSJ también anula la autorización de inicio de la actividad por haberse otorgado a pesar de haber comprobado la Administración el incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental original, lo que en opinión de los ecologistas raya la prevaricación, así como por aprovechar para modificar ésta “sin el previo trámite de audiencia a los interesados”.

Ecologistas en Acción considera muy importante esta sentencia, en un momento en que la Junta, dicen, “se ha entregado a los intereses del lobby pro-incineración de residuos, encabezado en Castilla y León por las fábricas de cemento de Venta de Baños en Palencia y La Robla y Toral de los Vados en León”. Las dos primeras obtuvieron el año pasado permiso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para incinerar hasta 180.000 toneladas de plásticos, neumáticos, lodos, envases y vehículos fuera de uso, pretensión a la que ahora se pretende dar cobertura legal con un nuevo Plan Regional de Residuos que, añaden, consagra la incineración en las cementeras de Castilla y León.

Los ecologistas consideran que la sentencia pone de manifiesto el desprecio por la salud pública de las autoridades ambientales regionales y apelan al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, a que abra un proceso de diálogo con todos los agentes implicados para consensuar la redacción del nuevo Plan de Residuos de Castilla y León, renunciando a la incineración de los desechos por su coste ambiental y sanitario, y priorizando la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos.