Los trabajadores de Sintel se repartirán 35 millones de euros tras 12 años en los juzgados
Al final aparece la luz en el túnel que han vivido los trabajadores de Sintel en estos últimos doce años, incluso desde la quiebra en 2001, tras el acuerdo y el compromiso de la familia Mas Canosa que abonará 35 millones de euros a repartir entre más de 3.000 trabajadores implicados, de los que algo más de 400 son leoneses, que tuvieron una participación muy activa en el ya famoso asentamiento de la Castellana.
Todo comenzó en 1996 cuando Telefónica vende a la familia Mas Canosa su filial Sintel, una empresa saneada con beneficios y futuro, por algo menos de 30 millones de euros. Ahí comienza un proceso de descapitalización que condujo a la quiebra de Sintel en 2001, con un balance de 1.8280 trabajadores en el paro y 1.788 acreedores.
El acuerdo, que debe materializarse el próximo 14, es posible gracias a la decisión de la Audiencia Nacional ya que el acuerdo se alcanzó el año pasado pero hasta ahora tanto la familia Mas como su gabinete de abogados y la propia Telefónica pretendían dirigir y controlar esta operación.
Varios niveles
El reparto se llevará a cabo teniendo en cuenta tres niveles. Por un lado están los trabajadores que te tenían un plan de pensiones y que incluso muchos de ellos hace tiempo que no están en la empresa. El segundo nivel corresponde a las indemnizaciones que deben cobrar y el tercero a reparación de los daños ocasionados.
Algunos trabajadores están en uno solo de los apartados, otros en dos y algunos en todos, y será la sala 3ª de lo Penal de la Audiencia Nacional la que lleve a cabo este reparto entre cada uno de los beneficiarios el próximo día 14, teniendo en cuenta estos tres conceptos.
La decisión de la familia Mas, herederos del ya fallecido Jorge Mas Canosa, evita que incluso alguno de ellos se siente en el banquillo de los acusados en el que además figuraban cuatro españoles: Ricardo Campos, ex consejero y vicepresidente de Sintel, Juan Antonio Casanova, ex consejero delegado de la compañía; Alfredo Flórez, ex consejero y ex apoderado de Sintel y Pedro José Novela, ex director financiero.
La anulación del juicio el acuerdo fue posible también gracias a que la Audiencia Nacional logró apartar del caso a los órganos del procedimiento de quiebra; esto es La Agencia Tributaria, La Seguridad Social, el Fogasa y la propia compañía Telefónica.
Uno de los iconos de la protesta de Sintel fue la acampada que mantuvieron durante meses en la Castellana de la capital leonesa, de todos los acampados 210 eran leoneses.
