Imputados dos cargos de la Junta de Castilla y León por la muerte de una osa en una cacería en 2020
La Justicia llama a declarar como investigados a dos cargos de la Junta de Castilla y León —el director conservador del Parque Natural Montaña Palentina, Pablo Zuazua, y la directora de la reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, Esperanza García Corvo— por la muerte de una osa en una cacería en noviembre de 2020.
Ambos están investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión al haber permitido que se celebrara una cacería colectiva a pesar de que había habido avistamientos de una osa parda con cría en los días previos a la partida de caza.
Según el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga ha incoado diligencias previas y les ha citado para declarar el próximo 12 de julio. Zuazua declarará el próximo 19 de julio tras aplazar la cita por motivos personales, informan fuentes cercanas. El Juzgado también ha aceptado la inhibición del testimonio de particulares que fue remitido a la Justicia.
El 29 de noviembre de 2020 una osa fue disparada, según la versión de los cazadores, al ser confundida con un jabalí a las 14.30 horas de la tarde. La osa tenía irritación en las mamas, por lo que el personal de Medio Ambiente cree que podría tener una cría.
La Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas está en la cabecera del río Carrión —al norte de Palencia—, en el Parque Natural Fuentes-Carrionas. Según la propia Junta, la reserva “ofrece el hábitat idóneo para la mayoría de las especies declaradas cinegéticas de caza mayor y menor en Castilla y León”: corzo, rebeco, jabalí, venados y perdices (aunque la mala tendencia de la perdiz pardilla ha paralizado su caza), entre otros. La reserva de caza ocupa más de la mitad del parque natural y el resto son, prácticamente, cotos privados. No hay zonas vedadas, sino periodos del año en los que no se permite la caza en las zonas donde hibernan y se alimentan los osos pardos.
Más juicios sobre osos en la Reserva
La Fundación Oso Pardo está personado en un proceso judicial distinto pero referente al mismo caso. La causa, que continúa en fase de instrucción previa al juicio, servirá para determinar la posible existencia de responsabilidad penal por parte del cazador presuntamente autor del disparo.
Hace tres años, el Juzgado de lo Penal de Palencia absolvió a dos cazadores acusados de disparar a un oso durante una cacería de jabalíes en noviembre de 2017. La jueza consideró que no había quedado acreditado que ellos fueran los autores del delito, informaba en 2019 El Norte de Castilla.
El protocolo es un rastreo previo
El oso es una especie protegida y su caza, por lo tanto, está prohibida. Los agentes medioambientales del gobierno autonómico intentan que la conservación del oso y la actividad cinegética sean compatibles a través de rastreos en los días previos a una cacería como las de jabalí.
Si se detecta una osa con crías, no se permite esa partida: se desplaza a los cazadores o se pospone. Y si durante la cacería se mueve o se detecta un ejemplar, se paraliza hasta que el oso salga de la zona donde se está cazando. Además, antes de las cacerías los agentes de la autoridad advierten a los cazadores que en esa zona puede haber osos y que no se puede disparar si no se identifica perfectamente la pieza.
El entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y que sigue al frente del área pese al cambio de gobierno de PP y Vox defendió que se había seguido el protocolo con las vigilancias previas y que todas las medidas se habían cumplido “estrictamente”. Esto es precisamente lo que decidirá ahora la Justicia.
La jueza de instrucción investiga si los dos cargos de la Junta de Castilla y León en Palencia ignoraron los informes de los técnicos y habrían permitido la cacería pese a que se identificaron huellas de una osa y su cría y de otro ejemplar macho adulto.
La Junta de Castilla y León ha justificado su negativa a hacer declaraciones al respecto porque se trata de un proceso judicial en marcha. Este diario también se ha puesto en contacto con los dos investigados, pero no ha recibido respuesta alguna.
Otras polémicas en Fuentes Carrionas
No es la primera vez que un caso en la Reserva Fuentes Carrionas acaba en los juzgados. En 2014, el celador mayor de la Reserva de Caza de Fuentes Carrionas, J.D.G., asumió una pena de un año de prisión por falsedad en documento público y apropiación indebida. Se le acusó también de participación en cacerías ilegales y del cobro de cantidades en metálico por las mismas. Zuazua y García Corvo estaban en el mismo cargo que ahora.
J. D. G. suplantó la firma de la directora de la reserva. Después del escándalo, fue apartado de su puesto. El celador mayor fue condenado a indemnizar con 1.320 euros a la Junta de Castilla y León. Según relataba el fiscal en su escrito de acusación, el celador salió a cazar junto a su hijo y un cazador muy conocido en dos días de descanso laboral y sin que las cacerías practicadas contaran con la autorización de la directora técnica de la Reserva. El cazador pagó las correspondientes cuotas de la caza, sin que el acusado las ingresara en la Junta.
