Los sindicatos creen que los recortes colapsarán Urgencias

Los principales sindicatos de la provincia (CCOO y UGT) se muestran en contra de los recortes anunciados el pasado viernes por el Ministerio de Sanidad y publicados este martes en el BOE mediante Decreto Ley que pretenden ahorrar un total de 7.000 millones de euros en este servicio social esencial para la población.

Los extranjeros en situación irregular se quedan fuera de la prestación sanitaria y la sanidad española deja de ser universal para limitarse a los que desde el Gobierno se define como “asegurados”: trabajadores, pensionistas, perceptores de alguna prestación de la Seguridad Social (incluidas la prestación y el subsidio por desempleo), quienes hayan agotado la prestación o subsidio y figuren inscritos en la oficina correspondiente como demandantes de empleo. Se benefician también cónyuge, excónyuge a cargo del asegurado, descendientes menores de 26 años o con una discapacidad igual o superior al 65%.

Estamos ante un recorte de derechos, más que de recursos

A quienes no tienen acceso a la atención sanitaria regular, como los inmigrantes ilegales, no se les negará el servicio de urgencias, por ello desde los sindicatos alertan de que estas medidas van a traer consigo una mayor afluencia a esta área. “Todo el que no tenga cobertura va a ir a Urgencias y terminarán colapsando este servicio”, asegura Jesús Mencía, coodinador de la Federación de Sanidad de CCOO en León.

Faustino Sánchez, responsable de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, va más allá y considera que estos recorte terminarán constituyendo un riesgo para la propia salud pública. “Están quitando la prestación a ciudadanos extranjeros, pero su coste no es comparable al que puede ocasionar el descontrol de personas que podrían ser atendidas para evitar el contagio de enfermedades contagiosas como la tuberculosis. Estos ciudadanos, en último término, acudirán a Urgencias, lo que supondrá un colapso en el servicio y un registro no adecuado a estas afecciones”, indica.

Repago, no copago

A partir de este decreto, los pacientes deberán hacer frente a determinados costes que antes no soportaban, como el coste de prótesis ortoprotésicas -incluyen férulas, sillas de ruedas o muletas- los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente, pues la nueva norma publicada considera estos productos y actividades como “servicios accesorios” sujetos a aportación por parte del usuario. A esto se suma el copago farmacéutico, que, como indica Sánchez “es en realidad un repago porque ya pagamos con nuestros impuestos el sistema de salud público” y supone “una disminución de la prestaciones”.

En realidad es un repago porque ya pagamos con nuestros impuestos el sistema de salud público

Sánchez opina que estas medidas afectarán también al personal sanitario con regímenes especiales. “¿Qué va a ocurrir con las oposiciones convocadas? ¿Se van a anular? Esto es un caos, se olvidan completamente del personal laboral”, comenta. Pero sobre todo, le preocupa que estas medidas afectarán “de forma severa a determinados colectivos, nacionales, con ingresos escasos. ¿Qué pasará con los ciudadanos que vivan en zonas con un sistema de transporte reducido, cómo se va a asegurar la equidad a estos ciudadanos?, se pregunta el responsable en UGT.

“La situación es alarmante”, opina Mencía. “Uso fraudulento de la sanidad pública lo ha habido y lo seguirá habiendo, pero lo preocupante de esto es que estamos ante un recorte de derechos, más que de recursos”, añade. El coordinador en CCOO considera que el “afán recaudatorio” del Gobierno pasa por que lo primero que haya que hacer sea pagar. “Aquí la cosa es cobrar, depués ya tendrás que ir a una ventanilla a rellenar un impreso para alegar que tienes menos rentas, después te dirán que el impreso está mal, pero lo primero es pagar”, comenta.

Por “decretazo”

Ambos sindicalistas critican que este tipo de medidas se aprueben a través de Decreto Ley. “No se deben tomar decisiones por decretazo”, asegura Sánchez. “Pedimos que se organicen mesas sectoriales para reordenar los recursos humanos, pero todo se hace de manera unilateral”, manifiesta Mencía. Y ambos coinciden en que lo problemático es que, perdidos estos derechos, será muy complicado recuperarlos.