Sequía de obra pública: Los contratistas auguran un mal año y se conjuran para captar 700 millones en inversiones
La sequía que afecta a gran parte de Castilla y León es también pertinaz este año en el sector de la obra pública. La próxima aprobación de los presupuestos generales del Estado y de la Comunidad no evitará que 2017 sea un mal año en el que las empresas de la construcción se conjuran ya para conservar el umbral de los 700 millones de euros, una cifra de licitación que les permitiría mantener sus estructuras productivas, a la espera de que la recuperación riegue por fin de inversiones el 2018.
Las cifras atestiguan los temores de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, cuyo presidente, Enrique Pascual, aseguró a Ical que “no esperan nada bueno” de este año, más que terminar el ejercicio con un volumen similar al de 2016, cuando se licitaron 692 millones, una cantidad que retorna al sector a niveles de actividad de hace 25 años. Por ello, confió en que la ejecución presupuestaria mejore y supere el 30 por ciento de cumplimiento de los anuncios.
En ese sentido, las tres administraciones prevén sacar a concurso obras por importe de 1.208 millones, frente a los 1.384 de 2016, lo que representa una reducción del 12,7 por ciento. De esta cantidad, 447 corresponden a la central; 570, a la autonómica y 191, a la local. El primer indicador sobre cómo evolucionará el sector este año contiene los datos del primer trimestre. Entre enero y marzo, con una prórroga presupuestaria, se licitaron 111 millones, frene a los 190 del ejercicio anterior, es decir, un 41,57 por ciento menos.
A pesar de que el Gobierno central es la administración que gestiona un mayor volumen inversión, su actividad licitadora deja en Castilla y León una cantidad similar a la de la Junta y las entidades locales. En concreto, sacó a concurso contratos por valor de 37 millones, frente a los 88 acumulados en el primer trimestre de 2016, mientras que la Junta publicó expedientes por importe de 38 millones, un tercio de los 91 millones que puso en el mercado hace un año.
Destacan los 36 millones de la administración local, lo que para el presidente de los contratistas de Castilla y León indica que los ayuntamientos y diputaciones están “haciendo bien las cosas”, pese a sus escasos recursos para afrontar inversiones costosas. Además, estas instituciones, las más cercanas a los ciudadanos, triplicaron de enero a marzo la obra pública licitada en 2016, ya que entonces apenas ofrecieron al sector 11,3 millones.
Más de 50 millones
Por otra parte, las tres administraciones adjudicaron 50 millones de euros, lo que supone menos de la mitad de la licitación realizada en los tres primeros meses. Los contratistas lamentaron que las instituciones no mejoren el índice de ejecución, pese a la escasez de actuaciones que están acometiendo, fruto de las políticas de consolidación fiscal, si bien denunciaron que la deuda del país sigue creciendo, por lo que exigieron una “verdadera” racionalización de la administración.
Enrique Pascual demandó un impulso a las obras vinculadas con el ciclo del agua y la depuración para evitar sanciones europeas a partir de 2020, pero también en materia de carreteras. El presidente de la Cámara de Contratistas advirtió de las consecuencias que tendrá el deterioro del patrimonio viario de la Comunidad y denunció que el presupuesto que se tramita en las Cortes recoge unas inversiones de 76 millones, que no alcanzan las comprometidas en el Bloque de Actuaciones Prioritarias para este ejercicio.
El representante de los contratistas señaló que todavía se arrastran los efectos de la inestabilidad política de 2016 y la prórroga presupuestaria. También puso de manifiesto la “falta de impulso político” del Gobierno autonómico, una vez que Juan Vicente Herrera ha decidido no continuar a partir de 2019, lo que a su juicio se traduce en la falta de proyectos a largo plazo, lo que deja “congelado” al sector.
Finalmente, Enrique Pascual demandó un mayor compromiso con la obra pública a las administraciones, ya que recordó que es una fuente de empleo y actividad para el país, pese a que se ha convertido en un área “incómoda”. Admitió que los presupuestos dejan poco margen a las obras de infraestructuras, por lo que propuso el desarrollo del modelo de colaboración público-privado, que recalcó exige de “confianza” y una normativa que invite a las empresas a asumir riesgos.
