Sellada la cesión a la Junta del subsuelo de León y el terreno para la macroplanta que quemará biomasa, hidrógeno o gas
En la última Junta de Gobierno municipal del Ayuntamiento de León antes de entrar en funciones, y a dos días de las elecciones municipales que decidirán quién gobierna el próximo mandato, el equipo socialista ha dejado sellada, con su aprobación, la cesión y autorización a la Junta de Castilla y león del terreno en la pedanía de Puente Castro elegido entre ambas administraciones para ubicar la gran planta generadora de la energía que alimentará la llamada Red de Calor que Medio Ambiente ejecutará a través de la empresa pública Somacyl.
El trámite que hoy deja zanjado el equipo de Gobierno municipal consiste técnicamente en otorgar a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) la concesión demanial para la implantación de lo que denominan un “parque de energías renovables” en una nota de prensa municipal. El único voto en contra en el seno del equipo de Gobierno ha sido el del tránsfuga de Podemos, Nicanor Pastrana, concejal de Participación Ciudadana, dejando claro que que no está de acuerdo con este trámite.
En ella se dice que la infraestructura , comprometida en septiembre de 2022 con un total apoyo escenificado por el alcalde, José Antonio Alonso, y el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, “contará con una hibridación de las más modernas tecnologías renovables.
Se refieren, según ya se detalló en la presentación por todo lo alto de esa Red de Calor leonesa, de instalar cuatro infraestructuras energéticas diferentes e interconectadas: una planta de combustión de biomasa forestal; otra de quema de biogás procedente de residuos orgánicos; otra más del llamado hidrógeno verde; y 85.000 metros cuadrados de placas solares para generación fotovoltaica.
Es decir, se trata de una mayor infraestructura que la planta tan sólo de biomasa que ya fue rechazada años atrás en otros emplazamientos previstos, como primero en Eras de Renueva, luego en Cantamilanos y finalmente en Navatejera (Villaquilambre), los tres desechados por la Junta a causa de potestas vecinales y de hecho la última como parte del pacto de gobierno que dio el Gobierno al PP en Villaquilambre sin haber sido el partido más votado en 2019, ya que sus socios pusieron entre otras la condición de frenar aquel proyecto mayoritariamente no deseado. El presidente de la Junta en persona, Alfonso Fernández Mañueco, llegó a firmar aquel pacto y la paralización de la planta.
El proyecto ahora retomado en Puente Castro, barrio al sur de la ciudad, en un amplio terreno de 24 hectáreas llamado Soto de Santa Olaja y situado entre el cementerio municipal, la Ronda Sur, el Mercado de Ganados, la depuradora o el pueblo de Alija de la Ribera, adquiere ahora muchas mayores dimensiones, hasta el punto de preverse una inversión conjunta de unos 85 millones que Diez y Suárez-Quiñones fecharon en el año 2025.
El proceso administrativo hacia la aprobación de cesión del terreno aprobada hoy no ha estado exento ya de denuncia públicas y amenaza de judicialización, entre otras cosas de manos de Ecologistas en Acción, que ya advirtió que el uso industrial que el Ayuntamiento impondrá allí para facilitar su implantación y desarrollo, parte de la categoría de Suelo Rústico y de Protección Natural. También detallan otros “incumplimientos legales”, por lo que han exigido que se paralice el trámite que tildan de “auténtica desfachatez” y que ahora sin embargo se aprueba desde el Ayuntamiento.
Pero el acuerdo de hoy no se limita a ceder a 'empresa autonómica B' Somacyl el suelo para las plantas, sino que concede a la empresa de la Junta directamente el uso del subsuelo del dominio público. Así podrán desarrollar una red urbana de canalizaciones de distribución del calor generado en las plantas de combustión y solar bajo el subsuelo de 127 calles de la capital, bajo las que discurrirán más de 30 kilómetros de tuberías hacia numerosos edificios.
El compromiso de Junta y Ayuntamiento para defender el proyecto es, entre otros, un gran ahorro de consumo energético y a la postre de dinero, “entre un 30 y un 50%, prometieron alcalde y consejero), así como librarán a los edificios de todas sus calderas y de hasta 1.100 chimeneas individuales que hoy contaminan con CO2.
