Las renuncias a herencias rompen la tendencia alcista de los últimos ocho años en Castilla y León
Las renuncias a herencias en Castilla y León durante el primer trimestre de 2016 descendieron un 5,62 por ciento y, de esta forma, rompieron ligeramente la tendencia alcista de los últimos ocho años, al pasar de las 569 del mismo periodo de 2015 a las 537 actuales. Este dato mejoró sustancialmente la media del conjunto del país, donde se produjo un aumento de un 3,12 por ciento y se pasó de las 8.866 de los tres primeros meses del pasado año a las 9.143 contabilizadas en lo que va de 2016, según las estadísticas del Consejo General del Notariado.
Mientras en el primer trimestre de 2015 en la Comunidad se contó con el segundo mayor incremento a nivel nacional con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un 24,7 por ciento, solo por detrás de Castilla-La Mancha, en los tres primeros meses de 2016 la situación se ha invertido y Castilla y León ha pasado a ser la cuarta autonomía donde porcentualmente más descendió el número de personas que desistieron de los bienes familiares que les fueron legados.
El periodo de crisis económica ha influido, y aún lo sigue haciendo, en las renuncias por la alta carga impositiva que soportan las herencias en España -dependiendo de la comunidad donde se resida- y la incapacidad de los beneficiarios para hacer frente a las deudas que pesan sobre los bienes a recibir.
Los ciudadanos deben abonar, si quieren acceder a un legado familiar, el Impuesto de Sucesiones, un tributo que grava entre el 7,5 y el 34 por ciento del valor neto de lo heredado. Andalucía, Asturias, Extremadura y Aragón eran las comunidades con mayor carga impositiva en 2015, aunque a lo largo de 2016 en varias comunidades se ha decidido variar los tramos se exención para beneficiar a los herederos.
La Comunidad Foral de Navarra lidera la caída porcentual del inicio del año con un 24,46 por ciento, seguida de Baleares con un once por ciento y Asturias con un 10,74 por ciento. A continuación figura Castilla y León con el 5,62 por ciento de descenso, y completan la lista de las seis comunidades que lograron reducir las renuncias Aragón, con un 2,62 por ciento, y Cataluña, con un 0,71 por ciento. El resto de autonomías mantuvo en el inicio de 2016 la tendencia alcista del pasado año, destacando en este ránking con una gran diferencia La Rioja, donde se produjo un incremento de un 44,64 por ciento en el número de renuncias, y le siguieron en porcentaje Murcia (30,73 por ciento); Cantabria (14,14 por ciento); Galicia (11,03 por ciento); y Canarias (10,23 por ciento).
No obstante, pese al ligero descenso en el porcentaje de castellanos y leoneses que desistieron de heredar en los tres primeros meses de 2016, en el conjunto del pasado año aún se registró un aumento de un 5,59 por ciento, ya que de enero a diciembre de 2014 hubo un total de 2.042 desistimientos mientras en el pasado ejercicio alcanzaron los 2.156, la cifra más alta de los últimos ocho años. Es decir, que los rechazos de los legados familiares en la autonomía casi llegó a triplicarse desde 2007, donde hubo 784, según las estadísticas del Consejo General del Notariado.
Mantener la tendencia de mejora
Es previsible que si continúa estable la recuperación económica en Castilla y León la cifra siga decreciendo, máxime teniendo en cuenta que el incremento del tramo exento en el impuesto de sucesiones desde el pasado 1 de julio ha pasado de los 175.000 a los 250.000 euros, a lo que se puede añadir el hecho de que los tipos de interés sigan bajos en el caso de que deban asumirse herencias con créditos hipotecarios.
No obstante, tal y como explicó a Ical la decana del Colegio Notarial de Castilla y León, María Teresa de la Fuente, el nuevo tramo autonómico de exención planteado se aplica solamente “en los supuestos en los que las herencias sean de primer y segundo grado, es decir a favor de hijos descendientes, padres o ascendientes y en el caso de cónyuges, ya que hay otros supuestos que no tienen ningún tipo de exención”.
A su vez, de la Fuente aludió como un factor positivo a la hora de influir en el descenso de las renuncias el que algunos beneficiarios de legados patrimoniales familiares hayan decidido asumir deudas del causante, pese a lo que se reciba tenga un salto negativo o un resultado muy justo una vez afrontados los gastos que conlleva. “Hay herederos que no se plantean renunciar a bienes como el de una vivienda con una carga hipotecaria. A veces les compensa asumirla y esperar a que se recuperen los precios y se pueda obtener un rédito en mercado inmobiliario sin salir tan mal parado, o se dispone del dinero suficiente para afrontar el préstamo pendiente de cubrir”, significó.
Otro punto favorable a que se siga produciendo una caída en el número de desestimientos, lo sitúa la decana del Colegio Notarial de Castilla y León en la facilidad para realizar los trámites para la aceptación de las herencias acogiéndose a la figura denominada 'a beneficio de inventario'. “Ahora pasa a ser muy importante y sencillo para los herederos el hecho de que el inventario se puede hacer en las propias notarías, ya que antes se debía de acudir al ámbito judicial”, aseveró. En este caso, el beneficiario sólo responderá de las deudas con lo que herede, y nunca con su propio patrimonio. De esta manera, los bienes particulares del heredero no quedan ni afectados ni comprometidos por las deudas del fallecido.
De la Fuentes consideró igualmente que la decisión del Gobierno autonómico de incrementar el tramo exento en el Impuesto de Sucesiones, que desde el pasado 1 de julio ha pasado de los 175.000 a los 250.000 euros, puede ser “interesante” para los patrimonios medios que hereda la mayor parte de la gente, pero no en todos los casos.
“En Castilla y León hay aún supuestos en los que se va a mantener la existencia de renuncias y un claro ejemplo es el alto número de hermanos solteros en el ámbito rural que vive juntos y han creado un patrimonio cojunto, incluyéndose como herederos el uno al otro. Aquí no hay ninguna bonificación, muchos están ya jubilados y lo han hecho en el ámbito de una explotación agraria a la que se grava con un impuesto que puede situarse entre un 20 y un 30 por ciento y, en esos casos, los desestimientos se van a mantener”, concluyó.
