El Procurador del Común reclama a la Junta mayor eficaz en la lucha contra el consumo de drogas
El Procurador del Común emitió una resolución en la que reclama a la Junta que promueva “el necesario progreso” en la orientación de la política desarrollada en Castilla y León en relación al problema del consumo de drogas ilegales entre jóvenes y adolescentes. La institución que dirigie Javier Amoedo pide “una estrategia más eficaz, capaz de modificar la situación actual y que sea ejecutada a través de un esfuerzo conjunto y coordinado de las distintas administraciones competentes, de los agentes privados, de los padres, educadores y de la sociedad en general”.
En un extenso informe, el Procurador repasa los datos más recientes existentes sobre el consumo de distintas sustancias ilegales y concluye que, a la luz de las cifras, las drogas se han instaurado como parte de una nueva cultura en los jóvenes y adolescentes de Castilla y León. Una realidad, apunta, que es especialmente preocupante al considerar que es en esa etapa en la que tienen lugar no solamente los primeros contactos con las sustancias adictivas, sino también la instauración y consolidación de patrones estables de consumo e incluso la aparición temprana de problemas relacionados con la salud, el desarrollo personal o el ajuste social, que pueden llegar a afectar de forma determinante en la edad adulta.
De hecho, recuerda en la resolución dirigida a la Consejería de Presidencia y que implica a los departamentos de Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Sanidad, que son muchas las consecuencias negativas ocasionadas por el consumo de drogas ilegales tales como sufrir accidentes de circulación o domésticos, tener peleas o agredir, ser detenido por las fuerzas del orden y recibir asistencia médica o sanitaria urgente.
En Castilla y León, donde según datos aportados en la argumentación que ofrece el Procurador la edad de inicio en el consumo de drogas es ligeramente más temprana que en el conjunto de España, exceptuando la cocaína, se hace necesario -señala la resolución- adoptar determinadas medidas con el objetivo de avanzar en la reducción de la demanda y oferta de drogas ilegales, en la elevación de la percepción del riesgo asociada al consumo, en la disminución de la accesibilidad percibida, en el retraso de la edad de inicio, en la reducción de los daños asociados al mismo y en el aumento de las conductas de ocio saludable.
Para lograr estos objetivos la institución autonómica propone, entre otras cuestiones, fomentar la mejora de la coordinación entre los órganos de la administración autonómica (sanidad, servicio sociales y educación) y la administración local, tanto interna como intersectorial e interadministrativa, para impulsar una intervención integral y establecer con claridad las directrices y pautas a seguir para evaluar los logros conseguidos, corregir las deficiencias detectadas, asumir los compromisos necesarios para mejorar la respuesta dada al problema hasta el momento y garantizar resultados satisfactorios.
También plantea la conveniencia de intensificar y mejorar la coordinación y cooperación del Comisionado Regional para la Droga de Castilla y León con las administraciones públicas y con las entidades privadas para la intervención en drogodependencias, impulsando actuaciones específicas para la prevención del consumo de drogas ilegales entre la población joven, para la disminución de los riesgos y de los daños asociados al mismo y para la asistencia e integración social de los afectados.
En lo que respecta a la prevención, propone promover una mayor conciencia social sobre la importancia de los problemas, daños y costes personales y sociales relacionados con las drogas ilegales, sobre la posibilidad real de evitarlos y sobre la importancia de que la sociedad en su conjunto sea parte activa en su solución.
También pide que se preste especial atención a la información que se ofrece sobre esta problemática y en particular respecto a los mensajes que llegan a los jóvenes y adolescentes. Además, solicita que se favorezca su participación activa en los programas diseñados para la prevención del consumo de drogas ilegales y que se desarrollen las intervenciones necesarias para aumentar las capacidades y habilidades personales de resistencia a la oferta de drogas y a las causas de los comportamientos problemáticos relacionados con las mismas.
Otra herramienta en esta lucha, sugiere el Procurador, es el desarrollo de programas de prevención multicomponentes en el ámbito local y autonómico, con el correspondiente sistema de seguimiento y evaluación coordinado, siguiendo las directrices marcadas en el cuerpo de esta resolución.
Asimismo, plantea la puesta en marcha de un proyecto de mejora de los procesos de detección e intervención precoz con menores en los ámbitos escolar, social y sanitario, diseñando e implementando la correspondiente evaluación de resultados y programas de prevención selectiva dirigidos a menores especialmente vulnerables, así como en zonas en las que existan graves riesgos de exclusión para la población menor de edad.
Para la formación de los agentes implicados en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas ilegales, reivindica y una mejora y ampliaciónde sus conocimientos. Y en relación con el conocimiento de los problemas relacionados con el consumo por la población joven y adolescente propone promover iniciativas que ayuden al conocimiento de los riesgos, mejorar o aumentar la investigación epidemiológica y social desarrollada hasta el momento para conocer mejor los diversos aspectos relacionadas con las drogas ilegales, su consumo, su prevención y tratamiento e incrementar la actividad del Observatorio regional sobre el consumo de drogas, a través de estudios objetivos que sirvan para mejorar el conocimiento de esta realidad y orienten la programación de futuras estrategias.
