El Procurador del Común pide una mayor atención a los alumnos con dislexia
El Procurador del Común insta a la Consejería de Educación a que valore la conveniencia de atribuir a la dislexia el rango de tipología específica, separada de otras dificultades específicas de aprendizaje, a los efectos de su inclusión en la aplicación de Atención a la Diversidad (ATDI), así como a que se elabore un protocolo de actuación ante los casos y una mayor formación del profesorado.
La institución abordó de oficio la problemática que presentan los alumnos con dislexia en los centros educativos de Castilla y León y se dirigió a la Consejería de Educación para que se le indicara el número de alumnos con dislexia existentes, tras lo que se comprobó que no existen datos estadísticos específicos sobre alumnado con diagnóstico específico de dislexia, a pesar de que se estima que se trata de “datos significativos”.
Ante esta situación, el Procurado del Común propone en primer lugar, un diagnóstico inicial del trastorno, para lo que sería efectiva una guía o protocolo que permitiera la detección del problema lo más tempranamente posible en el entorno educativo.
Una vez detectado que el alumno presenta un cuadro de dislexia, aboga por establecer medidas específicas acordes con sus necesidades, como la adaptación de los tiempos para realizar exámenes, de los modelos de los exámenes, de la evaluación, la lectura de los enunciados de las preguntas de los exámenes, el uso de aulas separadas para la realización de exámenes, etc.
Por otro lado, el Procurador considera que la atención del alumnado con dislexia resultaría favorecida por la existencia de una acción formativa dirigida al profesorado que habría de comprender la problemática existente.
Es por ello que recomienda a la Consejería de Educación que valore la conveniencia de atribuir a la dislexia el rango de tipología específica, separada de otras dificultades específicas de aprendizaje, que elabore un protocolo específico para la detección inicial de la dislexia en el ámbito educativo, que se incida en la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas al profesorado y que se mantengan los contactos de la Administración educativa con asociaciones o entidades que representen los intereses de personas afectadas por la dislexia en la Comunidad de Castilla y León, a los efectos de colaborar en la respuesta educativa que precisa el alumnado con dislexia.
