El Procurador del Común de Castilla y León tramitó 2.569 expedientes el pasado año
El Procurador del Común tramitó durante el pasado año un total de 2.569 expedientes, de los cuales 2.527 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 42 a actuaciones de oficio. En el pasado ejercicio aumentó el número de quejas que, siendo una única reclamación, representaban a colectivos, según informó hoy la institución autonómica que dirige Javier Amoedo.
Por provincias, Zamora lidera, en esta ocasión, las estadísticas con un total de 515 reclamaciones, que representa el 20 por ciento del total, seguida por León, con 403 quejas y Valladolid con 260. A continuación se sitúan Burgos con 211, Ávila con 166, Salamanca con 155, Palencia con 136, Segovia con 98 y finalmente la provincia de Soria con 42.
Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, que fueron un total de 518. Del extranjero llegaron tres quejas y de procedencia desconocida un total de 20 expedientes.
En cuanto a la distribución por áreas destacan, un año más, las incluidas en Fomento, que fueron las más numerosas con un 37 por ciento del total, seguida de las reclamaciones de Bienes y Servicios municipales con el 14 por ciento, Medio Ambiente con un nueve por ciento, Función Pública, nueve por ciento, Familia e igualdad de oportunidades con un siete por ciento, Industria, Comercio y Seguridad Social un cinco por ciento, al igual que Hacienda. Interior, extranjería y emigración, copó un cuatro por ciento, Sanidad un tres por ciento y Consumo un dos por ciento, al igual que Educación. Agricultura, Ganadería, Justicia, Cultura y Patrimonio supusieron un uno por ciento del total. Aumentaron además las consultas recibidas que no derivaron en queja y que superaron el centenar.
Entre las 42 actuaciones de oficio llevadas a cabo destacan las referentes a la pobreza hídrica, la escolarización corregida para niños prematuros, los planes especiales del Camino de Santiago, el acompañamiento en las Ucis pediátricas, los problemas de las tuberías de fibrocemento, vertederos ilegales o los protocolos del Síndrome de Diógenes, además de otras que están en trámite como el retraso en la valoración de la discapacidad, la eliminación del amianto o asbesto en instalaciones educativas, protocolos de actuación a enfermos autoinmunes o deficiencias en la atención sanitaria en diversas zonas de Castilla y León.
Asimismo, el año pasado el Procurador del Común asumió nuevas funciones como garante de la transparencia y con la entrada en vigor de la nueva Ley se actúa en caso de que cualquier ciudadano vea vulnerados sus derechos. En 2016, la Comisión de Transparencia recibió 100 reclamaciones frente a denegaciones expresas o presuntas de solicitudes de información pública dirigidas por los ciudadanos a administraciones y otras entidades de Castilla y León.
En 66 de esas reclamaciones se adoptó algún tipo de Resolución por la Comisión; 35 fueron estimadas total o parcialmente y, por tanto, se ordenó a la administración o entidad afectada proporcionar la información solicitada en cada caso. De esas 35 resoluciones estimatorias, siete se dirigieron a la administración autonómica, 25 a entidades integrantes de la administración local, dos a universidades Públicas y una a un colegio profesional. Cabe recordar que este año, el informe anual del Procurador del Común se presentará en las Cortes de Castilla y León en el primer trimestre de este año, al igual que en 2016.
