El Procurador del Común de Castilla y León tramita más de 3.900 expedientes en 2017, un 52,2% más
El Procurador del Común tramitó durante el pasado año un total de 3.909 expedientes, de los cuales 3.888 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 21 a actuaciones de oficio, lo que supone un 52,2 por ciento más que en el año anterior, cuando se contabilizaron 2.569 expedientes. Según informa la institución, aumentaron el número de quejas que, siendo una única reclamación, representaban a colectivos de varios firmantes.
Por provincias, Zamora lideró en esta ocasión las estadísticas con un total de 661 reclamaciones, lo que representa el 17 por ciento del total, seguida por León, con 579 quejas y Valladolid, con 351. A continuación, se situraon Burgos, con 285, Salamanca, con 269, Palencia, con 217, Ávila, con 146, Segovia, con 139, y la provincia de Soria, con 100.
Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes fuera de la Comunidad, que fueron un total de 680, debido, entre otras cuestiones, a la reclamación por el estado de la carretera de de Porto a Sanabria. Del extranjero llegaron seis quejas; una con dos firmantes de diferentes provincias y 454 sobre la misma carretera de Porto a Sanabria.
En cuanto a la distribución por áreas, destacan un año más las incluidas en Fomento, que fueron las más numerosas, con un 46 por ciento, del total, seguida de las reclamaciones del área de Función Pública con el 17 por ciento, Bienes y Servicios municipales con un diez por ciento, Medio Ambiente con un cinco por ciento, Sanidad y Consumo con un cuatro por ciento, Familia e igualdad de oportunidades con un cuatro por ciento, Industria, Comercio y Seguridad Social un tres por ciento, Educación, Justicia, Interior emigración un dos por ciento respectivamente y con un uno por ciento, Agricultura, Ganadería, Justicia, Cultura y Patrimonio. Aumentaron además las consultas recibidas que no derivaron en queja y que ascendieron a más de un centenar.
Entre las 21 actuaciones de oficio llevadas a cabo estuvieron las referentes a la sanidad en las zonas rurales, escolarización de mujeres embarazadas, el control de menores en el acceso a Internet en las bibliotecas, la eliminación del amianto o asbesto en instalaciones educativas, la falta de plazas residenciales en Castilla y León.
Además, otras actuaciones de oficio están en tramitación como la seguridad de los castillos hinchables infantiles, las aulas prefabricadas en colegios de Castilla y León, el estado de la calidad del aire en las capitales de provincia, el personal sanitario de los centros de carácter social para la atención de persona mayores, el control sanitario en el abastecimiento de agua potable o los aseos accesibles para personas con discapacidad en establecimientos de uso público.
