La primera semana de huelga de la Administración de Justicia paraliza 600 demandas en León y Ponferrada

Juzgado de León.

Redacción ILEÓN / Agencia ICAL

La primera semana de huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que comenzó el pasado lunes 6 de febrero, ha paralizado ya la incoación de cerca de 600 demandas, incluidas las de ejecución, en los servicios comunes de León y Ponferrada, y ha impedido que 200 escritos se hayan tramitado, según aseguran desde el Colegio de la Abogacía de León.

Asimismo, son “muy numerosas” las actuaciones judiciales que se han visto suspendidas, juicios, vistas y comparecencias que “provocarán una nueva acumulación en la administración de justicia que habrá que añadir a la que aún se venía arrastrando con ocasión del COVID” .

Ante estas circunstancias, el decano del Colegio de la Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes, acompañado por miembros de la Junta de Gobierno, mantuvo una reunión con el secretario coordinador provincial y representantes del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.

“Desde el respeto al ejercicio del derecho de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia y sin entrar a considerar las reivindicaciones planteadas”, desde el Colegio de la Abogacía de León instaron a las partes, es decir, Ministerio de Justicia y comité de huelga, a llegar a una solución “inmediata” y alcanzar un acuerdo que “permita recuperar la normalidad en la administración de justicia”. Una situación de la que, según apuntaron, “los verdaderos perjudicados son los profesionales y especialmente la ciudadanía”, que se ve afectada por una situación de inactividad judicial.

Por otra parte, con el objetivo de disminuir los perjuicios que se ocasiona a ciudadanos y profesionales, el Colegio de la Abogacía solicitó a los letrados de la Administración de Justicia que se comunique el día antes la suspensión de aquellos señalamientos que no vayan a tener lugar para evitar el desplazamiento de ciudadanos a las sedes judiciales, “con los consiguientes gastos que en ocasiones conlleva y que en muchos casos tienen que solicitar permiso en su lugar de trabajo”, lo que también se hace extensivo a los profesionales que acuden “innecesariamente a la sede judicial”.

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