La política y el sindicalismo leonés muestran su oposición a la decisión de cerrar la planta azucarera de La Bañeza
La decisión por parte de Azucarera de cerrar su planta en la provincia de León, ubicada en La Bañeza, ha desatado una oleada de indignación entre la clase política y representantes sindicales, que reclaman que se revierta una decisión que desde la Diputación leonesa se ha calificado de “despropósito”.
La empresa toma esta decisión después de haberse planteado un expediente de extinción de empleo (ERE) en los siete centros con los que cuenta en España, entre ellos el de La Bañeza. La fábrica leonesa daba empleo a 150 personas de forma directa y a un millar de forma indirecta, en otros sectores como la agricultura y el transporte, según las cifras que aportan sindicatos. Azucarera es una filial del grupo británico Associated British Foods (ABF), dueño también, entre otras marcas, de la textil lowcost Primark.
Esta decisión, y toda la reestructuración anunciada en el resto de la Comunida, ha marcado el debate del pleno de las Cortes de Castilla y León, del que informamos aquí.
El presidente de la Diputación califica la decisión de “despropósito”
El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, mostró este martes su “total oposición” al cierre de la planta de Azucarera en la localidad leonesa La Bañeza. Asimismo, exigió tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno central que tome medidas “para evitar este despropósito y ataque a la provincia”.
Para Gerardo Álvarez Courel, la medida anunciada es “radical y unilateral”, por lo que advirtió que la decisión “no se va aceptar de ningún modo” e hizo un llamamiento a toda la sociedad leonesa para que “se oponga de forma clara y contundente” ante “un mazazo para la actividad industrial por los cerca de 200 trabajadores a los que afecta y para el sector remolachero leonés al que aboca a su práctica desaparición”.
“Cerca de 2.000 familias vinculadas a empresas auxiliares y agricultores encuentran en la remolacha uno de los principales componentes de su actividad económica”, recordó el presidente de la institución provincial, para el que “gracias al esfuerzo y al trabajo de los agricultores y al desarrollo y modernización de los regadíos la provincia de León se ha convertido en el referente nacional del cultivo de la remolacha”. “No podemos dejar que ahora nos tiren al vertedero toda esa labor, la principal provincia productora de remolacha de España no puede quedarse sin industria azucarera”, añadió.
Asimismo, apuntó que “está fuera de toda lógica que un área de producción de 10.000 hectáreas y medio millón de toneladas por campaña sucumba frente a otras de 2.000 hectáreas y 150.000 toneladas”, al tiempo que señaló que “las inversiones millonarias en nuevos regadíos y modernización de los existentes exigen su amortización con uno de sus cultivos señeros”.
Gerardo Álvarez Courel recordó que la semana pasada se reunió, junto al vicepresidente Roberto Aller, con el comité de empresa de Azucarera, y avanzó que en la sesión plenaria de mañana, miércoles 28 de mayo, está previsto aprobar una declaración institucional de todos los grupos políticos en defensa del sector remolachero y la continuidad de la planta azucarera de La Bañeza “como pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y rural de nuestra provincia”.
Finalmente, el presidente de la Diputación puso de relieve que “el cultivo de la remolacha ha estado históricamente muy vinculado a León”, puesto que “la azucarera de La Bañeza nació en 1931 y de 1900 databa la de Veguellina de Órbigo, cerrada en 1998, como también lo hizo Santa Elvira en León, porque, también en este sector, ya se ha pasado por la penosa reconversión”. “Por este motivo, manifiesto un no rotundo al cierre de la azucarera de La Bañeza y reitero la exigencia a las administraciones superiores para que lo eviten”, concluyó Álvarez Courel.
CCOO pide un frente común
El secretario general de industria Castilla y León de Comisiones Obreras (CCOO), Miguel Ángel Brezmes, ha lamentado la decisión que, asegura, supone echar a la calle a 251 trabajadores en sus centros de toda España, de los que 193, dijo, están empleados en plantas de la compañía en Casilla y León, con el cierre de la industria de La Bañeza, con 116 afectados, junto a 50 afectados en Miranda de Ebro, 26 en Toro y uno en Benavente.
Miguel Ángel Brezmes rechazó “de forma contundente” los planes de Azucarera bajo una justificación de elevados costes por mantener tres industrias abiertas, y garantizó que desde su organización “usarán todos los medios” a su alcance para que se “revierta la situación”.
El dirigente sindical apeló, en este sentido, a que se cree un “frente común” en el que el conjunto de las administraciones públicas “arrimen el hombro”, en favor de las personas que trabajan en Azucarera, y exigió a los políticos que “en lugar de repartir culpas” busquen soluciones y “no utilicen a las personas trabajadoras como munición política”.
El alcalde de La Bañeza valora que la situación es “un auténtico desastre”
“Un auténtico desastre”. Así resume el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el anuncio de Azucarera de que la reorganización de sus instalaciones prevé el cese de la molturación en la fábrica de la localidad. La decisión, recalca, afectaría no solamente a las comarcas del entorno y también a parte de Zamora sino a toda la provincia leonesa. A la plantilla de 160 trabajadores, recuerda, se suman más de 1.300 puestos indirectos de empresas de mantenimiento, maquinaria agrícola, industrias auxiliares o ámbito financiero, entre otros.
“Son muchas las familias que tiene su proyecto de vida diseñado en torno a esta fábrica y también se ha invertido mucho dinero para modernizar los regadíos del cultivo para ser más productivos. Es incomprensible”, comentó en declaraciones a Ical.
Para Carrera, el anuncio era totalmente inesperado, ya que se había hablado de un ERE (expediente de regulación de empleo) pero en ningún caso del cese de actividad. El Ayuntamiento de La Bañeza contactará con los trabajadores, a quienes muestra ya todo su apoyo, y con la empresa, de la que no ha recibido ninguna comunicación sobre sus decisiones.
Asaja exige la recolocación de los trabajadores
El sindicato agrario Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en León ha expresado su total apoyo a los trabajadores afectados por el cierre anunciado por la compañía, exigiendo que el proceso de salida o recolocación sea lo menos traumático posible. En un comunicado, la organización agraria atribuye esta situación a una serie de decisiones erróneas tomadas por la dirección en los últimos años, que han provocado una drástica reducción en la superficie de siembra y agravado las pérdidas económicas. Asimismo, lamenta profundamente el cierre, que marca un triste final para el sector azucarero en la provincia y pone en riesgo el futuro del cultivo de remolacha, justo cuando León se había consolidado como la principal productora nacional, con condiciones óptimas para competir en el mercado global.
UGT lamenta la falta de implicación real de las instituciones
El sindicato UGT Fica León también ha expresado su rotundo rechazo al cierre de la Azucarera en La Bañeza, calificándolo como un golpe devastador y un “nuevo varapalo” para la provincia de León y el desarrollo del medio rural. Según su secretario general, René Rodríguez, esta medida afectará a cerca de 140 empleos directos y pondrá en riesgo más de 1.000 indirectos en un sector considerado estratégico, criticando la inacción de la Junta de Castilla y León, que, pese a los avisos, ha delegado su responsabilidad en reuniones sin soluciones efectivas.
UGT FICA exige el mantenimiento de la planta y no descarta movilizaciones ni huelgas para lograrlo. Consideran que la decisión empresarial es injustificada y que las propuestas de “salida digna” para los trabajadores no compensan la destrucción total de empleo. Rodríguez lamenta la falta de implicación real de las administraciones, a pesar de sus declaraciones públicas a favor del empleo en la provincia.
El PCE pide la expropiación de Azucarera
El Comité provincial del Partido Comunista de España (PCE) en León alerta de que el cierre puede deberse a una posible “ingeniería empresarial” por el incremento salarial acorado dentro del convenio colectivo firmado en 2024.
Desde el PCE argumentan que los sindicatos lograron un aumento del 13% del salario “pese a la oposición patronal”, una subida que se enmarcaría dentro del aumento de la cartera de beneficios de Azucarera.
Aunque desde el PCE reconocen una bajada en el precio del azúcar en el mercado internacional “por la competencia desleal” consideran que está caída en el precio no se ha reflejado en el producto final, cuyos precios se han mantenido o incluso aumentado, contribuyendo al incremento de la inflación.
La formación critica que los problemas del sector están relacionados con las “políticas nocivas” de la Unión Europea, que según apuntan han favorecido la deslocalización de la producción hacia países europeos y lamentan la “pérdida de soberanía alimentaria en beneficio de empresarios del centro y norte de Europa. En este punto señalan también a la Junta de Castilla y León, acusando a la institución de ”arrasar el interior de la provincia“ y les recriminan ”incapacidad“ para ofrecer un futuro a las familias trabajadoras
Pese a los problemas del sector, los comunistas argumentan que la empresa “ha tenido una cartera de beneficios creciente durante más de 20 años”, por lo que no contemplan el cierre como una opción. Para el PCE la multinacional británica, “está jugando con el escaso presente industrial de la provincia” y recalcan que “son miles de familias y pueblos los que están en juego”.
Por todo ello, desde el PCE alegan “que el capital no tendrá en cuenta ninguna consideración social a la hora de ampliar sus beneficios, a costa de hundir un sector entero”. Esto lleva a los comunistas a concluir “que no deberían tenerse tampoco consideraciones a la hora de intervenir la empresa”, incluyendo como solución la nacionalización total de la empresa.
Finalmente, desde el PCE se ponen a disposición de los trabajadores para “cualquier acción, dentro y fuera de las instituciones”.
El Comité de Empresa pide que las administraciones actúen para que Azucarera recapacite
El presidente del Comité de Empresa de La Bañeza, Benigno Pérez, exigió el miércoles la implicación de las instituciones provinciales, la Junta y el Gobierno central, que “vayan mano a mano”, que “se mojen con medidas efectivas”, para “ver si entre todos somos capaces de que la empresa recapacite y esta medida sea algo temporal”, apuntó, en declaraciones recogidas por Ical.
Pérez transmitió la “tristeza y preocupación” que le produce esta decisión por los trabajadores del centro bañezano, el “más castigado”, con un cierre que “parece que puede ser definitivo”. También trasladó “tristeza” porque la localidad está “huérfana de industrias”. “Es de lo poco que teníamos y se va a quedar más vacía todavía. Esto constata que la provincia de León, la comarca de La Bañeza, que está abandonada, en la España vaciada, solo les sirve a los políticos en épocas electorales”, denunció.
Por ello, apeló al “momento de intentar paliar”, o al menos que sea un “cierre temporal y no definitivo”. UGT-FICA, a la que también representa Benigno Pérez, se opone “frontalmente” al cierre de la fábrica. “Queremos que los sindicatos agrarios también se mojen, porque está constatado que donde hay un cierre de una empresa de este tipo, como una azucarera, se acaba perdiendo el cultivo de la remolacha”, concluyó.
UGAL-UPA pide a la Junta que obligue a Azucarera a devolver las ayudas recibidas
La Unión de Ganaderos y Agricultores de León, UGAL-UPA, reclamó este miércoles a la Junta de Castilla y León que obligue a Azucarera a devolver todas las ayudas públicas autonómicas recibidas en los últimos años, al considerar que “los engaños continuos a los que ha sometido la filial de la británica AB Foods a los cultivadores y a las autoridades políticas” de la Comunidad requieren “actuaciones contundentes y ejemplarizantes”.
UGAL-UPA lamentó la decisión de AB Azucarera de cerrar la planta de La Bañeza, lo que “confirma la tomadura de pelo, el engaño sistemático y las verdaderas intenciones que han caracterizado a los dirigentes de esta empresa en nuestra región”.
Entre estos engaños, la organización agraria sitúo el “romper la perfecta sintonía entre el sector productor e industrial” al hacer desaparecer el Acuerdo Marco Interprofesional en un sector “clave”, como la remolacha, que “estaba perfectamente organizado”.
Asimismo, pusieron de relieve que la compañía “no ha hecho otra cosa más que engañar y engatusar a los cultivadores sobre su apuesta de futuro con promesas incumplidas, bajando precios a su antojo e incluso pagando por debajo de costes, alquilando tierras llegando a precios desorbitados y sacando todo el dinero público posible a las administraciones, especialmente a la Junta de Castilla y León”.
La organización recordó la responsabilidad de la empresa que, amparándose en el mantenimiento de la actividad, “sugirieron a las administraciones detraer fondos PAC de otros cultivos para destinarlos a la remolacha y así poder mantener las factorías de la región”. “AB Azucarera lleva demostrando desde hace años que sus intenciones no eran trigo limpio y que no le ha interesado para nada el cultivo de la remolacha de Castilla y León”, insistieron, al tiempo que la acusaron de “enriquecerse a costa de las cuotas del azúcar y del refinado del producto procedente de otras partes del mundo y dejar en la estacada a los productores de Castilla y León”.
Para UGAL-UPA, lo ocurrido en las últimas horas es la consecuencia de la gestión “nefasta” de los dirigentes de AB Azucarera que, “se ha reído a la cara de políticos y cultivadores de Castilla y León, ha logrado fondos públicos y beneficios a costa de la producción de remolacha, se ha cargado el cultivo en la región y, casi con toda seguridad, acabará con la totalidad de remolacha en la provincia de León”.
En este sentido, apuntaron que, para AB Azucarera, el cierre de la planta de La Bañeza es “una manera de reducir sus costes y cuadrar sus cuentas”, aunque se produce en “una provincia donde están los regadíos más modernos y baratos y donde el maíz ha sustituido mayoritariamente a la remolacha como consecuencia de la política destructiva de estos empresarios”.
Por todo ello, desde UGAL-UPA exigieron a la Junta de Castilla y León que “negocie con los responsables de esta decisión para que se les obligue a compensar a los remolacheros que tengan que trasladar la raíz a la fábrica de Toro”. También le pidieron al Gobierno autonómico que “se mantenga fuerte en determinadas actuaciones y que analice con los equipos jurídicos la imposición de que la empresa de origen británico devuelva los fondos y ayudas públicas recibidas inmerecidamente”.
