La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de León rechaza la nueva gestión sanitaria de la Junta

ileon.com

La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León muestra “su más absoluto y contundente rechazo ante la aprobación del Decreto 57/2014 de 4 de diciembre, por el que la Junta resuelve la implantación de las unidades de gestión clínica (UGC) en los centros sanitarios de SACyL”, indican en un comunicado.

Consideran desde este movimiento ciudadano que “más allá de los términos 'dulces' en los que estas UGC parecen presentarse en el texto del Decreto, lo que es cierto es que esta forma de gestión no constituye ningún 'Eldorado' sino que supone un paso hacia la fragmentación del sistema sanitario convirtiéndole en microempresas que entrarán en competencia entre sí, ya que, por encima de la mencionada y pretextada 'autogestión' de los profesionales, lo que la administración realmente pretende es controlar y regular el crecimiento presupuestario, con promesas de mejoras salariales para algunos profesionales por medio de incentivos (como forma enmascarada de abrir el abanico salarial de ciertos jefes intermedios), y todo ello a costa del empeoramiento de las condiciones de trabajo del resto de los profesionales de la plantilla y a costa de la merma en cantidad y calidad de algunas prestaciones para con los pacientes”.

Según la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León las unidades de gestión clínica “constituyen una primera fase en el proceso de fragmentación y quebranto del modelo público, para, en otra fase posterior proceder a medidas que legitimarán los recortes sanitarios y justificarán una privatización abierta”. Apuntan a que no existe constatación de alcanzar ningún beneficio para los pacientes con esta nueva forma de gestión, “como así lo demuestran los ejemplos que encontramos en las Comunidades que lo tienen implantado, salvo el hecho de que, por medio de estas UGC, la administración elude responsabilidades políticas delegando y derivando las consecuencias de los recortes en sanidad hacia los jefes y coordinadores de los servicios que se transformen en UCG, y que serán incentivados por y para ello”.

En los próximos días, la Plataforma estudiará la posibilidad de iniciar protestas y movilizaciones ciudadanas “con la intención de expresarle a la Junta la necesidad de abandonar esta tentativa fragmentadora y pre-privatizadora de la sanidad pública”.

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