Piden 12 años de inhabilitación al alcalde de UPL y diez a la exalcaldesa del PP en Santovenia por prevaricación
Un total de cuatro concejales del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina, entre ellos el actual alcalde, Manuel García, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), y Mireya Pigere, la exalcaldesa y portavoz del Partido Popular (PP), están imputados en un juicio que se celebrará pronto.
Para ellos dos y para José Luis Luengo y Luis Marcos Álvarez, de los mismos sendos grupos políticos, hasta hace poco con un pacto de gobierno, la Fiscalía Provincial de León pide 12 años de inhabilitación en los casos de los leonesistas y diez en los populares por haber cometido todos ellos, como miembros de la anterior Junta de Gobierno, presuntos delitos de prevaricación en la decisión de contratar una obra en el municipio de manera supuestamente teledirigida.
La petición del fiscal se ha elevado ya al Juzgado de Instrucción número 4 de León, que tramita este caso y está pendiente de la apertura de juicio oral ante la Audiencia de León. Se sentarían en el banquillo delos acusados los mencionados cuatro ediles, quienes en octubre de 2020 formaban parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina tras el pacto de gobernabilidad alcanzado en 2019 y que se rompió este mismo año 2021.
Para el regidor Manuel García y para José Luis Luengo, los dos concejales de UPL, la petición de pena se eleva a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo públicos. En el caso de Mireya Pigere y Luis Marcos, ambos del PP, la petición por los mismos hechos es de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo públicos.
Las decisiones que ha estudiando el fiscal para solicitar tales penas tuvieron lugar en octubre del año 2020, en concreto la contratación para la redacción del proyecto, y para la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de los trabajos de pavimentación de la calle Calderón de la Barca en el pueblo de Quintana de Raneros. La Fiscalía cree probado que fue “intención de los acusados hacer dicho contrato con una empresa determinada”, en concreto JGD Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo SL.
La adjudicación aprobada en Junta de Gobierno se elevó a un importe de 15.000 euros, además de otros 3.160 en concepto de IVA. Con los informes previos en la mano, el Ministerio Fiscal considera claro que “el mencionado acuerdo es claramente ilegal” y a pesar de saberlo “fue aprobado con los votos a favor de Manuel García y José Luis Luego, y con las abstenciones, no votando en contra pese a su ilegalidad, de Mireya Pigere y Luis Marcos”, motivo por el que a estos dos últimos se les pide menor pena.
Los mencionados informes previos contrarios a la adjudicción en conjunto de todo ello son, por un lado, un dictamen jurídico de la secretaria interventora del Ayuntamiento, el 6 de octubre de 2020, que fue avalado por el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de León. En ellos queda claro que “no hay unidad operativa o sustancial entre el contrato de redacción de proyecto y el contrato de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, contratos ambos de servicios, pues si bien sirven para la misma causa, que es la ejecución de la obra, tienen la suficiente entidad cada uno de ellos para contratarse independientemente”.
En un primer momento, la Junta de Gobierno sí adjudicó sólo la redacción del proyecto a la empresa JGD, pero no la dirección de las obras y la coordinación de seguridad. Este hecho hizo que el acuerdo fuera objeto de un recurso de reposición. Sin embargo, con antelación a que éste se resolviera, y con un nuevo informe de la secretaria en el mismo sentido que el anterior, los acusados optaron por una contratación en su conjunto.
