La oposición pide un giro en la política de personal de la Diputación para frenar las sentencias en contra

C.J. Domínguez

La oposición en la Diputación de León, y muy concretamente Unión del Pueblo Leonés y el grupo de diputados no adscritos encabezado por Matías Llorente, ha reclamado en el Pleno de hoy un giro definitivo a la actual política de personal que sigue el equipo de Gobierno para poner fin a la cascada de sentencias condenatorias en la provisión de plazas de la institución.

La sesión de hoy llevaba dos puntos vinculados a un nuevo varapalo judicial, provieniente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, en referencia al sistema elegido en su día para cubrir el puesto de jefe de sección-coordinador de la Unidad de Asesoramiento del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM). La sentencia condenatoria anulaba ese proceso, aprobado en un Pleno en mayo de 2013, por haber utilizado un concurso específico de méritos, cuando tenía que haber sido simplemente por concurso.

Además, en otro punto se proponía el rechazo de las alegaciones presentadas a la ejecución de otra sentencia del TSJ para el puesto de arquitecto-coordinador técnico del mismo SAM. Un rechazo de alegaciones en el que el equipo del Gobierno del PP se quedó solo, pero consiguiendo su aprobación por mayoría, ante el voto en contra de todos los demás diputados de la oposición.

En el debate surgido, el portavoz de UPL, Lázaro García Bayón, lamentó la “cantidad de sentencias” condenatorias que acumula el PP “por distintas plazas” y recordó que en este caso “los tribunales acaban dando la razón a la oposición”, que ya había manifestado en su día “que no se hacían bien las cosas”.

Llorente, por su parte, censuró que “la política de personal” desde la era de su anterior presidenta, Isabel Carrasco, “se ha trasladado al Juzgado”, algo que consideró que “es tiempo de cambiar”.

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