Un nuevo caso de acoso en el colegio de los Maristas San José de León evidencia falta de transparencia
Es un caso a priori resuelto, vaya por delante. Pero este nuevo episodio de acoso escolar, con coacciones y aislamiento social que llegó a durar casi un curso en el colegio de los Maristas San José de la capital leonesa, ha vuelto a abrir heridas. Y parece que la falta de transparencia que en ciertas partes del proceso ha observado el Procurador del Común (defensor del pueblo de Castilla y León) no ayuda a cerrarlas.
Tres años después de trascender en 2017 el caso de un pequeño alumno que durante cinco años sufrió agresiones físicas y todo tipo de vejaciones de compañeros y hasta padres, una nueva denuncia se dirime todavía entre el burocrático papeleo administrativo para que la madre de la niña afectada ahora consiga demostrar lo que para ella “han sido malas artes, todo un engaño” tras “un calvario de un año” sufrido por la pequeña.
Esta madre señala no sólo a la dirección del colegio leonés sino también a la Dirección Provincial de Educación y, en última instancia, a la Junta de Castilla y León.
Sin embargo, todas estas instancias niegan la mayor y defienden que el caso se ha resuelto plena y satisfactoriamente. En concreto, de manera escueta, el director provincial de Educación de León, Francisco Javier Álvarez Peón, explica que “el procedimiento que ha seguido el centro” de los Maristas “es conforme a la normativa sobre prevención del acoso escolar” y ha sido “asesorada y supervisada por la inspección educativa”, lo que para él ofrece todas las garantías al proceso.
También la Junta afirma que “documentación sobre el procedimiento está en regla”, a pesar de que la madre de la víctima la administración ha admitido detalles tan extraños como que sobre este caso no se haya abierto en ningún momento un número concreto de expediente, formalismo a priori imprescindible.
Desde la dirección del centro educativo remarcan que se ha actuado “con urgencia” en todo momento en este caso y que se ha cumplido “nuestra prioridad: que se haya solucionado” el conflicto a través de “una mediación y con sanciones adecuadas a la edad” de las alumnas implicadas. “Conflictos surgen en todas partes pero lo importante, con lo que me quedo, es que los hemos resuelto”, remarca Javier García Calleja.
Entre medias de ambas posturas, ya existe una resolución del Procurador del Común -el Defensor del Pueblo de Castilla y León- sobre este episodio de acoso en el que, si bien no se adentra en otro tipo de posibles irregularidades en los protocolos de detección y resolución final de este problema, con tres niñas de los Maristas San José como acosadoras, sí concluye que un acta final de presunto acuerdo no contiene la firma de uno sólo de los participantes.
Se trata, pues, de una documentación que no parece evidenciar el cumplimiento estricto de los protocolos y las soluciones alcanzadas, al menos con luz y taquígrafos.
En este sentido, la madre lleva meses de batalla legal exigiendo que la inspección educativa, órgano de Educación de la Junta garante de que estos graves conflictos se zanjen y solucionen a las claras, vele por “el cumplimiento de dichas exigencias”, dando por hecho que tales importantes formalismos no se han cumplido.
Un “engaño a todas las familias”, dice la madre
La versión de la madre de la alumna afectada desde finales del pasado curso es de “total falta de transparencia”, que resume en que “sobre todo la dirección del colegio nos ha engañado, y no sólo a nosotras sino a las otras familias”, las de las niñas que protagonizaron el acoso escolar. Y considera que “aunque ahora esa situación ha parado, porque con mi hija ahora se andan con mucho cuidado”, es “importante” que otros padres “de otros casos, que los hay”, sepan que la aplicación real de los protocolos para resolver estos problemas en este centro “son pura propaganda, es falso”.
Para esta madre el ejemplo de esa “falsedad” es el acta sin firmar, como certifica el Procurador del Común, en la que “yo sólo pedía que constaran las disculpas de las niñas, la aceptación de las sanciones y, lo más importante, su reeducación”. Y bajo su versión, al poderse demostrar que se hayan cumplido tales pretensiones, “lo que permite la administración es que se les dé alas, que haya una doble victimización y que nunca tengamos todas las garantías” de que no se repetirán tales episodios.
El director defiende el proceso
El director de los Maristas San José considera por su parte “un poco raro” el calendario del caso, ya que “nos comunicaron el problema el 30 de junio, con el curso ya acabado y recuerdo que desde mediados de marzo no tuvimos clase” por el estado de alarma.
Aún así, insiste en que “se avisó inmediatamente a la Inspección” y a mediados de julio “se resolvió lo fundamental”, sin entrar en muchos detalles “porque hablamos de menores”, matiza García Calleja. De modo que al iniciarse el nuevo curso “ha habido cero incidentes”.
Respecto a las incidencias que resalta el informe del Procurador del Común o de las que también se queja la madre, como que no haya un número de expediente, entre otras, el director insiste en que “no somos técnicos” para cumplir escrupulosamente “en lo administrativo pero el supuesto acoso está solucionado”.
La Junta defiende el funcionamiento de protocolos
Este tipo de casos estadística y oficialmente se han producido en 16 ocasiones en los últimos cuatro años en la provincia de León, según los últimos informes de la Junta, si bien Educación se niega a dar el dato de cuántos han tenido por escenario un centro público o un centro privado-concertado, como es el caso de Maristas. Y es relevante ese dato porque a raíz de otros episodios ocurridos, como éste, el Procurador del Común ya se ha manifestado varias veces años atrás que la Junta dejaba excesiva independencia y falta de control en los concertados.
A raíz de esas quejas crecientes, en 2017, hace menos de cuatro años, la Junta impulsó por fin un protocolo de actuación que implicaba especialmente a los colegios e institutos, por ejemplo, para abrir una vía directa de comunicación de estos casos a Inspección de Educación si las direcciones de los centros no resolvian. Un protocolo que la Dirección Provincial de Educación asegura que está en vigor y funcionando.
Modelo de Prácticas Restaurativas
Hay que recordar que El Colegio Maristas San José de León se incorporó en el año 2017 al Modelo de Prácticas Restaurativas, dentro del Marco del Plan Antiacoso y por el Buen Trato, dentro de la provincia de León, seguido el año siguiente por los institutos del García Bellido (Armunia) y Río Órbigo (Veguellina de Órbigo) y en el último curso por el instituto Fernando I de Valencia de Don Juan, el Ramiro II de La Robla y el colegio de La Anunciata en Trobajo del Camino.
