La nueva Ley de infancia eleva las condenas por abusos que no prescribirán
El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, apodada como 'ley Rhodes' por el pianista británico James Rhodes, ya que él mismo fue víctima de abuso sexual cuando era niño y ha mantenido distintas reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para su tramitación.
La nueva norma implica modificaciones en otras leyes, entre ellas el Código Penal, para proteger a los menores frente a la violencia y, en especial, frente a los abusos sexuales. En concreto, hará que la prescripción de este tipo de delitos empiece a contar una vez la víctima cumpla los 30 años, de forma que pueda recomponerse para denunciar a su agresor.
Hasta ahora, muchas víctimas de abusos sexuales en su infancia han dado el primer paso para denunciar una vez que estos delitos ya habían prescrito y, por tanto, sus agresores han quedado impunes. Actualmente prescriben cuando la víctima cumple los 33.
“Tolerancia cero a los abusos, a la violencia; pero también a la impunidad”, dijo la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la ley.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aseguró por su parte que fue la película 'El bola', de Achero Mañas y protagonizada por Juanjo Ballesta, la que le hizo tomar conciencia de la violencia contra la infancia. “Fue capaz de poner sobre la mesa uno de los mayores problemas en las sociedades”, dijo.
Asimismo, recordó que el 9,3 por ciento de los alumnos dicen haber sufrido acoso escolar y puso de relieve que el desarrollo de la ley se ha dado con “distintos gobiernos de distinto signo político”, lo que, dijo, es síntoma de que “las ideologías no deben separarnos a la hora de aprobar una norma que proteja los derechos de los niños”.
Se estima que sólo uno de cada cinco delitos contra la infancia es denunciado. Por tanto, la ley también obliga a todo ciudadano a denunciar cualquier delito que presencie contra un niño o niña, al tiempo que impone nuevas figuras en centros educativos para evitar el acoso escolar y cualquier tipo de violencia. Habrá unidades especializadas en menores en los cuerpos policiales, mientras que los jueces y fiscales tendrán que formarse en delitos contra la infancia.
Asimismo, la ley implica la creación de un Registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y todos los colegios e institutos tendrán un coordinador de bienestar y protección, que será el encargado de velar por los protocolos contra el acoso escolar o problemas relacionados con la violencia y autolesiones de los menores.
La ley también recoge la pérdida de la patria potestad para padres agresores en casos de violencia machista. “Un asesino machista jamás puede ser un buen padre y, por tanto, no puede tener derecho a la patria potestad”, dijo Iglesias.
La ley llega con un retraso de varios meses a consecuencia de las sucesivas elecciones y la tardanza en formar Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. En noviembre del año pasado ya estaba lista para ser aprobada, como reconoció la exministra María Luisa Carcedo, pero la consolidación del Ejecutivo y la llegada de la pandemia del coronavirus han retrasado su aprobación en Consejo de Ministros.
En 2018, cerca de 38.000 menores fueron víctimas de violencia, y casi la mitad de las víctimas de violencia sexual que se registran (el 47,6 por ciento) son niños y niñas.
Otro de los aspectos que toca la ley es la credibilidad que se le otorga al testimonio de los menores ya que, según las ONG de infancia, muchos son sometidos a auténticos “interrogatorios” cuando denuncian un delito.
Por último, Pablo Iglesias pidió perdón por “haber llegado tarde” a tantos menores víctimas de violencia, una situación que, a partir de ahora, se pretende combatir con esta ley.
