Podemos exigirá “por los medios que sea” limpieza con el dinero público para el Museo de Semana Santa de León

El alcalde de León, Antonio Silván; el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el obispo de León, Julián López y el presidente de la Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa, Pedro Puente (D) firman el acuerdo para las obras del Museo de Semana Santa.

La tormenta política por el descontrol del dinero público entregado por las administraciones públicas al Obispado de León, por valor en este momento de 1,3 millones de euros y otros 400.000 euros comprometidos, para el desarrollo del Museo Diocesano y de Semana Santa de León, con un convenio en el que Ayuntamiento de León y Junta le permiten a la Diócesis contratar a dedo todas las obras en el Seminario Mayor de León, llega ahora al Consistorio leonés.

Lo hace de la mano conjunta del partido político de Podemos y de su grupo municipal en el Consistorio leonés, León Despierta, que se hace eco de la investigación de iLeon.com sobre este asunto. En concreto, explican en una nota de prensa, anuncian que solicitarán formalmente “cuanta documentación exista al respecto” de la entrega de 500.000 euros por parte del Ayuntamiento leonés “para su estudio, valoración y la adopción posterior de cuantas actuaciones estimemos oportunas para salvaguardar el interés general de los convecinos”.

La formación política manifiesta un “sincero y profundo respeto por todos los Derechos Fundamentales”, al tiempo que “estamos de acuerdo y alentamos todas aquellas iniciativas que persigan tanto el fomento de la cultura, como la creación de empleo. Pero no a cualquier precio: No Se puede justificar el utilizar cualquier medio para la consecución de un fin”, inciden en el caso de la financiación de momento exclusivamente pública del Museo Diocesano y de Semana Santa de León.

Por eso, “al margen de cuestiones de credos o cultos, consideramos que la opacidad, las presuntas ilegalidades y\o irregularidades en los procedimientos y la falta de imparcialidad demostrada en todo el proceso que rodea la adjudicación, contratación y obras del futuro Museo de la Semana Santa en León, nos obliga a tomar parte en defensa del interés general y de la transparencia en la gestión de los dineros públicos”.

“Notoriamente irregular”, dice Coalición en Común

Por otra parte, Coalición en Común (Izquierda Unida) también censura la aportación de 200.000 euros unilateralmente por parte de la Diputación de León, a lo que su presidente, Juan Martínez Majo, anunció que sumará otros 200.000 euros más. Por eso, el diputado provincial Miguel Flecha anuncia en nota de prensa que solicitará “por escrito” la información relativa a las subvenciones realizadas, censurando también que el punto sexto del protocolo firmado “excluye la aplicación de la Ley de contratos del sector público”, lo que a su entender “parece ser notoriamente irregular, ya que cualquier proyecto privado con aportaciones públicas debe atender a lo establecido en esta ley de contratación”. En cambio, “las fases 1 y 2 de este proyecto, han sido adjudicadas directamente 'a dedo' a Esoca SL, contratista habitual del Obispado, y sin la supervisión de ningún órgano externo a la iglesia”, remarca León en Común tras las publicaciones de iLeon.com.

Flecha afea a Majo que una institución que se debe a los pueblos de la provincia otorge tales cantidades a un proyecto en la capital leonesa y le acusó de mentir cuando justificó que “esta colaboración se hacía a través de la petición de la Junta de Cofradías de la provincia de León”: “Queremos recordar al Partido Popular que no existe una Junta de Cofradías provincial, sino que la Junta Mayor de Cofradías es una asociación específica de las cofradías del municipio de León”.

Desde el grupo Coalición en Común esperan recibir las respuestas pertinentes a las preguntas que realizamos en la sesión plenaria del pasado miércoles: tanto la información que especifique de qué partida han salido y a qué beneficiario se han realizado dichas aportaciones, y “lo que nos resulta más importante, si también en el convenio que justifica esa aportación se excluye la aplicación de la Ley de Contratos del sector público, lo que convertiría la irregularidad en ilegalidad”.

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