32 municipios de la provincia permiten realizar trámites relacionados con otras administraciones

La Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano de Castilla y León ha sumado en los primeros seis meses del año un total de 229 adhesiones en las nueve provincias, con el nuevo convenio marco suscrito entre la Administración General del Estado y la Junta. El acuerdo permite que las entidades locales presten este servicio en el ámbito territorial de la Comunidad, a través de su sucesiva implantación desde 2014 a 2016. Esta iniciativa pretende agilizar la realización de distintos trámites y, así, los castellanos y leoneses pueden presentar en los registros de los ayuntamientos adscritos la documentación dirigida a otras administraciones públicas, ya sean de ámbito autonómico o estatal.

Según los datos facilitados a Ical por la Consejería de Hacienda, tras la firma del convenio suscrito el 31 de octubre del pasado año, las 44 primeras oficinas, empezaron a prestar estos servicios a los ciudadanos los días 30 y 31 de diciembre. A partir de enero de 2014 se han ido incorporando el resto hasta llegar a la cifra actual de 29 que ya están operativas -las últimas lo hicieron en junio- y hasta 2016 podrán adherirse muchas más oficinas en toda la Comunidad.

El documento que permite la implantación de una Red de Oficinas Integradas se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) el 15 de noviembre de 2013, fecha de su entrada en vigor, y la validez del acuerdo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2016. La finalidad se centra en simplificar y facilitar las relaciones de los ciudadanos con la administración, mediante la mejora de la atención y la potenciación de las técnicas de administración electrónica que se van incorporando sucesivamente.

Hasta el presente mes de junio, el número de municipios adheridos a la red de oficinas de atención integral al ciudadano es de 230, y la provincia que encabeza el listado es la provincia de Zamora con 50 en funcionamiento a día de hoy. Le siguen por número Segovia (34); León (32); Valladolid (24); Burgos (23); Ávila (22); Salamanca (18); Palencia (15); y Soria (11).

“La Junta de Castilla y León y el Estado apuestan por unificar sus recursos en favor de una mayor eficacia y una mejor imagen de los servicios de información, orientación y atención a la población. Todo ello, al mismo tiempo, conlleva un ahorro de costes tanto para las administraciones intervinientes como para los usuarios”, tal y como señalaron desde la Consejería de Hacienda. El convenio de colaboración no sólo vincula a la Administración General del Estado y la Junta, sino sobre todo a las entidades locales adheridas a él, que aportan tanto los locales municipales en los que se presta el servicio como los empleados públicos que lo atienden.

Envío de documentos en tres días

El funcionamiento de las oficinas integradas -cuya puesta en marcha se va comunicando a través de distintos anuncios publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl)- consiste en que los ciudadanos puedan presentar en el ayuntamiento de su localidad cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigido a otra administración, ya sea el Estado, la Junta, las diputaciones provinciales o un municipio de gran población de la Comunidad.

Como novedad, incluso se pueden dirigir a otras entidades locales de Castilla y León que hayan suscrito el convenio, con la garantía de que el ayuntamiento donde se deposita la documentación se encarga de remitirla al órgano de destino en un plazo máximo de tres días.

En definitiva, se trata de llevar cabo una prestación común de los servicios de recepción, registro y remisión de las solicitudes o comunicaciones del ciudadano. Todo ello se lleva a cabo de manera gratuita para el usuario, que se beneficia de un servicio más cómodo y que cuenta con plena validez y seguridad jurídica, por lo que la iniciativa supone aumentar los beneficios para los ciudadanos que se verán potenciados cuanto mayor sea el número de entidades locales adheridas en la Comunidad a la Red de Oficinas Integradas.

El marco de colaboración no supone ningún coste añadido, puesto que cada administración utiliza sus propios medios para cumplir el convenio. Esto supone que la prestación del servicio se realiza con el personal y las herramientas técnicas de los que ya disponían los registros de las entidades locales adheridas, en la ubicación y con los horarios propios de cada una. Los datos son publicados para conocimiento de la ciudadanía en el Bocyl, en la página web oficial de la Junta de Castilla y León en Internet (apartado relativo a Atención al Ciudadano, enlace Oficinas Integradas) y en los tablones de anuncios de las oficinas y puntos de información y atención al ciudadano de la Junta.

Con el nuevo convenio -que tiene su precedente en otro anterior firmado en febrero de 2007 y una vigencia prorrogada hasta 2013- se pretende conseguir una amplia Red de Oficinas Integradas y, para ello se persigue la adhesión de los municipios de las zonas rurales. “La filosofía de la integración territorial es decisiva para facilitar la cercanía y el acceso del ciudadano a sus administraciones en una Comunidad tan extensa como la nuestra. Sin duda, se trata de un reto que se conseguirá gracias a la apuesta común por una administración más moderna y útil, de calidad, eficiente y de confianza”, añadió la Consejería de Hacienda.

Adhesión electrónica

Una de las novedades del nuevo escenario de colaboración entre la Junta y el Estado es la posibilidad de que las entidades locales interesadas en participar puedan tramitar su adhesión electrónica. La iniciativa permite no sólo la agilización de los plazos de tramitación, sino también la supresión total del uso de papel ya que se sustituye íntegramente por una tramitación electrónica hasta el mismo momento de su notificación a la entidad local interesada.

El objetivo impuesto por la Consejería de Hacienda se centra en integrar las nuevas tecnologías en la gestión como base para modernizar el trabajo administrativo. En esta línea, el propio convenio abre las puertas a la implantación coordinada de tecnologías de la información y las comunicaciones en beneficio de la mejora de la prestación de los servicios de atención a la ciudadanía en la Comunidad.

En este sentido, la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad de Castilla y León han elaborado por primera vez un manual para informar y orientar de forma homogénea a las entidades locales sobre los criterios que deben aplicar en sus registros cuando expidan recibos de presentación, copias compulsadas, entre otros.

“Con ello se logra una uniformidad de actuación entre todas las administraciones intervinientes, siempre en beneficio y garantía de la ciudadanía”, explicó la Consejería. En este punto resaltó que ya son 229 las entidades locales integradas en el sistema con oficinas de contacto ciudadano, “un proceso abierto en el que se están produciendo nuevas adhesiones día a día, sin duda animadas por los beneficios que se derivan para los usuarios de este instrumento de colaboración entre administraciones”.

Finalmente, a estas oficinas integradas de titularidad local hay que sumar tanto las oficinas de la Administración General del Estado como, en particular, las 234 oficinas de información y registro de la Junta incluidas dentro del Sistema de Registro Único. Durante el año 2013 estas últimas tramitaron 2.547.732 asientos registrales de entrada, de los que más del 10 por ciento procedían de otras administraciones públicas, de los cuales tuvieron origen en entidades locales casi el 7 por ciento.