La huelga del 14N les cuesta ahora 60 euros

Varios militantes de los colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC), del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), de la Unión de Juventudes Comunistas de España y del Partido Comunista de España (PCE) han sido expedientados por “infracción administrativa leve” por “alteración del orden público y de la pacífica convivencia ciudadana” durante la jornada de huelga general del pasado 14 de noviembre.

La notificación del expediente les llegó a unos 25 de ellos hace unas semanas con fecha de 17 de enero y firmado por el subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Según se detalla en uno de los expedientes al que ha tenido acceso a iLeon.com, “consta que el día 14/11/2012, a las 7.20 en la carretera de Vilecha, de León, los agentes comprobaron cómo el denunciado se encontraba junto con otras personas cortando el tráfico por dicha vía”.

En el mismo documento se indica que “estos hechos pueden ser constitutivos de una infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 26.i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable por el delegado del Gobierno en Castilla y León con multa de hasta 300,51 euros”. En este caso, la sanción asciende a 60 euros por cabeza, según lo que se desprende del expediente.

Desde las organizaciones implicadas se insiste en que los hechos que se aducen son “falsos”. “Cuando la Policía nos pidió la identificación lo hizo porque llevábamos banderas y decían que podían ser utilizadas como armas”, relata Ezequiel Blanco, uno de los expedientados. “El piquete fue totalmente pacífico, no hubo ningún enfrentamiento y no pusimos ninguna pega para identificarnos”. Además, añade que en ese momento circulaban “por la acera”, en contra de lo que se indica en el escrito de Subdelegación.

Los afectados han presentado alegaciones pidiendo el expediente de la Policía de ese día y más información sobre los hechos acaecidos “para saber lo que se nos imputa”, explica Blanco, quien quiere hacer partícipe del problema a toda la sociedad leonesa. “Cuando se organiza una respuesta más o menos contundente, la contrapartido son multas”, afirma.