León paga ya 824.000 euros a la empresa del Palacio de Congresos por parones 'heredados' de Silván
El actual equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de León acaba de aprobar este viernes el pago de una vieja 'factura' de 51.008 euros reclamados por las empresas contratadas para construir el Palacio de Congresos y Exposiciones de León.
Se trata, según explica, de una pequeña parte final de los intereses devengados por el retraso producido en el pago de una indemnización, impago que se achaca al anterior equipo de Gobierno del PP con el alcalde Antonio Silván a la cabeza.
El problema es que no se trata del único pago que el actual regidor, José Antonio Diez, heredó, ya que en 2019 ya se tuvieron que pagar también otros 773.169 euros por idéntico concepto, de modo que la suma total de esa 'herencia' municipal suma ya 824.000 euros. Una cuantía que los socialistas achacan a “la inactividad y dejadez” de los populares.
El actual concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis Miguel García Copete, explica que en virtud del contrato suscrito para la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones, la empresa adjudicataria (la UTE formada por FCC Construcciones y Dragados) “tenía derecho a la resolución del contrato y al cobro de la correspondiente indemnización por lucro cesante si las obras se paralizaban por un periodo superior a los ocho meses” por causas que no fueran culpa suya.
El 25 septiembre de 2018, la UTE ejercitó este derecho ante el anterior equipo de gobierno del PP y pidió la resolución del contrato debido a que los trabajos habían estado paralizados durante más de ocho meses. Además, reclamó esa indemnización, cifrada en el 6% del precio de las obras no ejecutadas, en concepto de beneficio industrial.
Copete afirma que el equipo de Silván, aunque tenía tres meses para pagar, y resolver el contrato, “en ningún momento atendió el requerimiento de la UTE para la tramitación del expediente de resolución”.
Esto supuso que el nuevo equipo de gobierno del PSOE se encontró en 2019 con esta reclamación pendiente y sin pagar, de modo que “en una de las primeras juntas de gobierno, en septiembre de 2019, tuvo que acordar la resolución de dicho contrato, así como un documento contable por importe de 773.169.67 euros.
La cuantía de 51.008 se corresponde, según el equipo de Gobierno, a los intereses devengados por el retraso producido en el pago de la indemnización desde el 25 de diciembre de 2018 hasta la fecha en la que por fin se pagó.
