León cuenta con 1,08 cotizantes por cada pensionista y un desfase entre ingresos y gastos de 821 millones

El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones vuelve a estar sobre la mesa tras reconocer el Gobierno que sólo hay 'hucha' para un año. El desplome del número de cotizantes durante la crisis, la rebaja de las cotizaciones por la precariedad laboral unido a un crecimiento constante del número de perceptores obliga a las autoridades a una nueva revisión del modelo, que arrancará con la reunión del Pacto de Toledo el próximo día 22.

Los expertos destacan que para poder afrontar el futuro con garantías es preciso que haya por cada pensionista al menos 2,5 afiliados a la Seguridad Social. Al respecto, las cifras estadísticas son reflejo del problema y en Castilla y León apenas se contabilizan 1,4 cotizantes por cada pensionista, según los últimos datos de octubre, cuando había 896.474 afiliados y 606.845 perceptores de prestaciones contributivas. Ese dato es peor que el nacional, donde hay 1,9 cotizantes por pensionista.

En el caso concreto de la provincia de León hay 1,08 cotizantes por cada pensionista y el déficit entre ingresos y gastos es de 821,8 millones de euros, ya que en el pasado ejercicio se ingresaron 787,6 millones de euros y se gastaron 1.609,4 millones. Así, en octubre de este año se registraron en la provincia leonesa 153.319 afiliados a la Seguridad Social y 142.527 pensionistas.

Los años de crisis, con la expulsión del mercado laboral de miles de trabajadores, y el envejecimiento poblacional junto a una cada vez mayor esperanza de vida, agravaron un problema, que siempre ha estado presente en la Comunidad. Y es que en 2008, el primer del ciclo recesivo, el ratio de cotizantes sobre pensiones estaba en Castilla y León, en 1,7; mientras que en España alcanzaba el 2,2. Las cifras absolutas explican la debacle, Castilla y León perdió 83.000 afiliados entre octubre y el mismo mes de 2008; y España 1,1 millones; mientras que la Comunidad sumó 27.000 pensionistas; y el conjunto nacional, un millón.

El problema económico de este desfase es de una enorme magnitud, que queda reflejada en los guarismos del último ejercicio cerrado, 2015, cuando los ingresos por cotizaciones en Castilla y León, fueron inferiores a los gastos por pensiones en casi 2.400 millones de euros (4.368,9 frente a 6.745,6 millones). El déficit en España se situó por encima de los 17.500 millones de euros.

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, y el de Salud Laboral, Seguridad Social y Medio Ambiente de CCOO de Castilla y León, Mariano Sanz Lubeiro, sentenciaron que hoy por hoy el sistema de pensiones no es viable y es preciso alcanzar acuerdos y adoptar medidas desde el consenso de todos, para garantizar su futuro, desde la premisa fundamental de que debe seguir siendo público y solidario. Ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el empleo y su calidad para elevar las cotizaciones, pero también en que se acabe con las bonificaciones empresariales y que se pague a los empleados de la Seguridad Social vía presupuestos y no con los fondos de la caja común.

Faustino Temprano defendió que UGT “hará bandera” de este tema y se mostró convencido de que las pensiones “tienen futuro” y el déficit actual “se puede corregir perfectamente”. El dirigente sindical reconoció que el sistema ahora ingresa menos porque la contratación de este país se ha precarizado enormemente con una “rebaja sustancial” de los salarios. Así, incidió en que el problema fundamental es de recaudación y se necesita “alcanzar consensos en el Pacto de Toledo” para solventar el problema.

Mariano Sanz Lubeiro advirtió de que “en las actuales circunstancias y parámetros, no es sostenible el sistema de pensiones en España” y es preciso actuar con urgencia en diversos aspectos si se quiere garantizar su futuro. Un sistema imprescindible de caja única, que permite corregir los desequilibrios que se producen de forma más pronunciada en autonomías como Castilla y León, más deficitarias por sus elevados niveles de envejecimiento.

Temprano propuso la eliminación de las bonificaciones, lo que supondría ingresar 4.000 millones.; y que se pague a los trabajadores de la Seguridad Social con las cuentas del Estado. Además, demandó que se quite el tope máximo de cotización para ingresar otros 7.700 millones. Eso sí, rechazó financiar las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de otros familiares vía presupuestos.

Por su parte, Sanz Lubeiro apostó por sostener un sistema público que está “entre los mejores del mundo” y criticó que el Fondo de Reserva que se creó en 2003 para prever un pico de incorporaciones al sistema en 2025, se lleva empleando desde 2010 y en los últimos tres años el Gobierno “se ha comido el 75 por ciento” de sus recursos. “Ha habido un uso apresurado del Fondo”, dijo.

Una situación, recordó, acelerada por la crisis, con la destrucción masiva de empleos y su precarización, unida a una política de bonificaciones en las cotizaciones, que obligó a modificar el sistema en 2013, para introducir nuevos criterios de sostenibilidad, con el reto de forzar que la pensión inicial sea lo menor posible y dentro de campañas intensas de los bancos para impulsar el sistema privado de pensiones.

El dirigente sindical explicó que en esta situación, los integrantes del Pacto de Toledo, que el próximo día 22 escucharán a la ministra Fátima Báñez, deberán abordar medidas en tres direcciones. En primer lugar, destacó que es preciso aumentar las bases de cotización así como equiparar las del régimen de autónomos, muy inferiores, a las de general, porque el 28 por ciento de las pensiones de los trabajadores por cuenta propia necesitan de un complemento de mínimos. Junto a esto, reclamó que se pague a los funcionarios de la Seguridad Social, vía presupuestos, los 2.500 millones que ahora se cogen de la caja común. Otra media en esta línea pasaría, dijo, por eliminar las reducciones de cuota con bonificaciones para incentivar ciertos contratos o que se ponga el dinero de las cuentas generales para que no se vean afectadas.

El responsable de CCOO en la Comunidad indicó que también está el debate para que los presupuestos asuman las pensiones de viudedad, una propuesta de su sindicato, que permitiría recuperar un gasto de más de 20.000 millones de euros. Eso sí, advirtió de que su modificación no puede llegar acompañada de un cambio en el concepto de esta prestación, porque “no es beneficiencia”. Precisó que en Castilla y León estas pensiones tienen un peso muy importante, porque suponen el 25 por ciento del total, suponen algo más de 1.000 euros, y benefician en un 85 por ciento a mujeres.

Mariano Sanz incidió en segundo lugar en que es fundamental establecer medidas que permitan recuperar los tres millones de empleo perdidos durante la crisis y que éstos tengan bases de cotización, es decir, que sean de calidad. Por último, abogó por la luchar contra el fraude fiscal y laboral y la economía sumergida, lo que permitiría recaudar otros 14.000 millones anuales.