La Junta resolverá las tres oposiciones paralizadas entre marzo y abril
La Junta de Castilla y León resolverá entre los meses de finales de marzo y primeros de abril los recursos de alzada y alegaciones presentados a tres procesos selectivos en los que se convocaron 149 plazas, con 13.928 aspirantes, de los que 9.146 estarían a la espera de que el proceso continúe, tras la suspensión temporal para dar trámite a las demandas de los opositores.
En su comparecencia en las Cortes, el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió que la suspensión temporal del proceso, para resolver los recursos y alegaciones, fue lo “correcto, sensato, adecuado y legal” y subrayó que se hizo pensando en la seguridad de los opositores.
Al respecto, remarcó que podían haber optado por “taparse los ojos” y seguir con el proceso selectivo que hubiera sido “más cómodo pero menos responsable”, puesto que en tres o cuatro años podía llegar un fallo judicial que anulara unas oposiciones cuyos aprobados estaban incorporados en su puesto de trabajo.
Los grupos de la oposición, José Ignacio Martín Benito (PSOE), Natalia del Barrio (Podemos) y José Ignacio Delgado (Ciudadanos), pidieron celebridad en la resolución ante la inquietud de los opositores y sus expectativas de trabajo.
En concreto, los procesos paralizados de manera temporal son los de técnico de soporte informático (12 plazas convocadas y 928 aspirantes), cuerpo auxiliar de libre oposición (97 plazas y 12.246 aspirantes) y promoción interna para el cuerpo administrativo (40 plazas y 754 empleados públicos).
Los recursos y alegaciones a las pruebas de técnicos de soporte informático y auxiliares administrativos se refieren a un incumplimiento en las preguntas de reserva en el primer ejercicio, que afecta a 646 y 8.373, respectivamente, a la espera de un segundo examen. En caso de estimarse el recurso, se volverían a corregir las preguntas, si no se quedaría como está. En el proceso de promoción interna, se recurre el contenido material del segundo ejercicio al considerar que el tiempo para responder era escaso y la prueba difícil y son 127 los afectados.
De Santiago-Juárez, tras exponer las razones que llevaron a la “sensata y razonable” suspensión temporal del proceso selectivo de esas tres oposiciones, que conocen los sindicatos, rechazó que se haya hablado de unos 14.000 afectados, que no enmarcó en la “mala fe”, sino en un “desconocimiento”.
El vicepresidente explicó que los sindicatos CCOO, UGT y CSIF fueron los primeros que detectaron las quejas, en particular en la prueba de promoción interna, y añadió que la Dirección General de la Función Pública decidió abrir un plazo para atender los recursos y alegaciones, de ahí que se procediera a la suspensión temporal de las mismas.
También, recordó al inicio de su comparecencia que, conforme al acuerdo de octubre de 2015 con los sindicatos, en 2016 se produjo la convocatoria de la oferta de empleo público mayor de los últimos siete años, con 2.279 plazas que llegaron hasta las 3.137 con la suma de las pendientes de últimos ejercicios.
Incertidumbre y sorpresa
El procurador socialista José Ignacio Martín Benito expresó la “sorpresa” por la suspensión de estas tres pruebas, convocadas en el mes de junio, y por el “modo de hacerlo”, si bien De Santiago-Juárez replicó que es “más razonable” la suspensión que esperar a que “caíga” una sentencia judicial cuando los opositores están en sus puestos de trabajo.
En su segundo turno, Martín Benito compartió desde una perspectiva garantistas para los opositores la suspensión temporal y confió en que haya sido una “buena decisión”, aunque recordó que genera una “inquietud” a los afectados y abogó por la pronta resolución de recursos y alegaciones. Martín Benito criticó que el tribunal se reuniera el pasado 19 de enero para poner el segundo examen el 29 de enero de la convocatoria libre de auxiliares administrativos, cuando la Junta tenía decidida la suspensión del proceso.
La parlamentaria de Podemos Natalia del Barrio calificó de “sentido común” el aplazamiento, afirmó que las preguntas realizadas deben estar en función del tiempo que se tiene -ella tardó media hora en leer las preguntas de un examen de una hora- y afirmó que “ojalá se hubiera aplicado el sentido común” en las fallidas oposiciones de enfermería (554 plazas suspendidas).
José Ignacio Delgado (Ciudadanos) realizó un reconocimiento a los funcionarios que participan en tribunales de oposición, después de que el vicepresidente expresara la dificultad de encontrar a personas que quieran estar en los tribunales por la responsabilidad y estar expuestos a las quejas. También, observó que la espada de Damocles está ahí, porque algún opositor puede no estar de acuerdo con la resolución de Función Pública y acudir a los tribunales. “La incertidumbre es grande”, indicó.
Por último, la popular Rosa Valdeón calificó de “correcta y razonable” la decisión de Presidencia de paralizar el proceso y abogó a la prudencia y a las garantías para los opositores y para la Administración.
