La Junta posterga la norma para endurecer las multas por incumplir las medidas contra la pandemia
El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, avanzó este martes que, previsiblemente, la norma para endurecer el régimen de sanciones por incumplir las medidas de seguridad por la pandemia, como los cierres preventivos para establecimientos incumplidores, se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo jueves, 18 de marzo.
También, analizará la adaptación de la orden de las restricciones comunicada por el Consejo Interterritorial de Salud al marco normativo regulatorio de la Comunidad en periodos como la Semana Santa.
Durante la presentación del decreto del Teletrabajo en la Administración y la Guía de Transformación Digital del empleado público, Ibáñez justificó, según recogió la Agencia Ical, la suspensión ayer del Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la evolución de la pandemia de la covid ante la imposibilidad de contar con los informes que permitieran aprobar las normas sobre las limitaciones durante la Semana Santa y en el ámbito sancionador.
Lo cierto es que en principio estaba prevista la reunión de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de cara, entre otros asuntos, a la moción de censura que el PSOE plantea y que requiere para salir adelante de votos de parlamentarios de Ciudadanos. Una reunión que no se produjo por la crisis interna de la formación naranja.
Sin embargo, Ibáñez aseguraba que el motivo del retraso de las nuevas medidas es que “los equipos que trabajan en estas cuestiones lo hacen con toda la celeridad posible pero a veces requieren de los informes pertinentes para poder aprobar esos instrumentos. Ayer, no teníamos la capacidad para tomar esas decisiones y esperamos que la culminación de esos trabajos nos permitan tenerlos dispuestos para el jueves”, subrayó.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, había avanzado tras la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el pasado 8 de marzo que la administración autonómica trabajaba en un borrador para endurecer el régimen sancionador para que “los que cumplen no se vean perjudicados” por los incumplidores.
Igualmente, precisó que el cierre cautelar se podía levantar tras el expediente y con una multa o bien si la infracción es grave se plantearía la clausura durante dos años o cinco años en caso de una tipificación como muy grave.
