La Junta ingresa 96,7 millones con los nuevos impuestos medioambientes que se aplican desde marzo de 2012
La Junta de Castilla y León ha ingresado 96,7 millones de euros a través del nuevo impuesto sobre afección medioambiental, que se aplica desde hace dos años en la Comunidad y grava el impacto de los embalses, de los parques eólicos y de las líneas de transporte de energía eléctrica de alta tensión. La recaudación corresponde al periodo entre el 1 de marzo de 2012, en que entró en vigor este gravamen, y el 21 de octubre de 2013, según los datos de la Consejería de Hacienda.
Castilla y León fue la última comunidad autónoma española en crear impuestos propios en su hacienda y lo hizo hace dos años con la aplicación del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos -antiguo céntimo sanitario- y el de afección ambiental de determinadas instalaciones de producción y transporte de energía eléctrica. Extremadura y Castilla-La Mancha son otras dos autonomías que tienen un impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.
Por primera vez en la historia de la Comunidad, las Cortes de Castilla y León aprobaron en febrero de 2012 la ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras con nuevos tributos propios. Los dos grupos de la oposición votaron en contra, pese a la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del gravamen. En estos momentos, PSOE e IU hacen campaña por la supresión del impuesto de 4,8 céntimos de euro a los hidrocarburos, mientras piden una tasa en caso de que se reabra la central nuclear de Garoña.
La Junta estimó una recaudación anual, cuando acordó introducir los impuestos verdes en la nueva ley que acompaña a los presupuestos de la Comunidad, de 60 millones de euros, de ellos 40 por el impacto de los embalses, 15 por los parques eólicos y cinco por las líneas de alta tensión. Además, se instauró otro gravamen por la eliminación de residuos urbanos e industriales en los vertederos -cuestionado por los ayuntamientos-, que iba a permitir ingresar otros 12 millones a las arcas autonómicas.
Desde la entrada en vigor del impuesto (1 de marzo de 2012) hasta el 21 de octubre de 2013 se han ingresado 59,9 millones de euros sobre la afección de los embalses, 28,7 sobre los parques eólicos y 8,10 sobre líneas de transporte, según los datos de la Consejería de Hacienda recogidos por Ical. El director general de Tributos y Financiación Autonómica, José Agustín Manzano, destaca que Castilla y León no sólo fue la última comunidad en establecer impuestos propios, sino que es también la autonomía con menos gravámenes de ese tipo y que siguen la “pauta” de los de otras regiones.
La caída de la recaudación de los tributos cedidos -casi un 50 por ciento entre 2007-2011- la “quiebra” del modelo de financiación autonómica aprobado en 2009 por el entonces Gobierno socialista con menores recursos para los servicios básicos y el cumplimiento del déficit marcado por Rajoy al llegar a La Moncloa determinaron a la Junta a sumarse a una tributación propia, existente en otras comunidades.
Tributos a la nuclear y térmicas
El secretario general del Grupo Socialista y portavoz de Hacienda, José Francisco Martín, considera “poco eficaz” tanto cuantitativa como cualitativamente los nuevos impuestos y duda incluso de que la recaudación ofrecida por la Junta “sea verdad” porque observa unas “explicaciones mínimas” por el Ejecutivo. “Poca eficacia, malos datos y poca fiabilidad”, resume. A ello, une la “escasa” plantilla en la Comunidad para la inspección tributaria, que cifra en 31 personas. Manzano asegura que los ingresos del nuevo impuesto se han destinado a financiar actuaciones medioambientales y de eficiencia energética industrial, “que de otro modo habría sido difícil sufragar”.
Martín, experto de su grupo en los asuntos de Hacienda, estima que la recaudación “se doblaría” con impuestos a la energía nuclear y a las térmicas, aunque “se deje fuera” a las renovables. El procurador opina que deben pagar más las industrias que más contaminan la atmósfera y son “menos limpias”, como la nuclear y las términas, sobre todo sí no queman carbón autóctono.
La creación de un impuesto a la central nuclear de Santa María de Garoña es una petición histórica de PSOE e IU, con varias inicitivas en las Cortes en esa dirección, siempre rechazadas por el PP. Una de las últimas fue precisamente a través de una enmienda a la ley de Medidas de 2012, que corrió la misma suerte. “Primero la prórroga de la central, luego se hablará de gravar”, resumió entonces el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo.
Por otro lado, Martín expresa el temor de que la aplicación de dos artículos de la ley del sector sobre suplementos territoriales de la ley del sector eléctrico repercutan en los consumidores, para lo que se creó un Fondo de compensación, aunque el parlamentario reconoce que ese instrumento no se ha puesto en marcha.
En la misma idea, incide el director general de Tributos y Política Financiera, quien recuerda que, hasta el momento, el Gobierno no ha impuesto ese suplemento y no se ha tenido que utilizar el fondo para ese fin, como prevé la ley. “A ningún consumidor de Castilla y León le ha sido repercutido por el impuesto autonómico sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión”, explica la Junta.
Modalidad con más desarrollo
El Colegio General de Economistas de España explica en su último informe que la modalidad de impuestos ambientales es la que más desarrollo ha tenido en los últimos años, con la creación de figuras que recaen sobre residuos, emisión de gases a la atmósfera o vertidos a las aguas litorales, si bien añade que la mayor recaudación se obtiene por el canon del agua, regulado en la mayoría de las autonomías.
Según datos del Ministerio de Hacienda, Aragón tiene un impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, igual que Extremadura que recaudó por él 69 millones de euros en 2011. Galicia aplica impuestos sobre la contaminación atmosférica y sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada.
Otras comunidades, como Aragón, Asturias, Baleares, Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja y Valencia tienen canón de saneamiento, Cataluña un canon del agua y Canarias un canon de vertido, si bien la Ley General Tributaria, a efectos de su catalogación, no considera esa figura como un impuesto o tributo, aunque algunas autonomías si los definen así en sus presupuestos. Galicia y Castilla-La Mancha aplican también un canon eólico.
