La Junta critica la rigidez del servicio para víctimas de violencia doméstica de los Colegios de Abogados
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, aseguró que la no renovación del convenio que la Junta mantenía con los colegios de abogados de Castilla y León para el servicio específico de asistencia jurídica a mujeres víctimas de la violencia de género, se debe a la rigidez del mismo y a la negativa de establecer un mecanismo de cita previa telefónica.
Marcos, que se mostró sorprendida por las críticas lanzadas por el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, argumentó que además de una rigidez horaria que en algunas ciudades era de una o dos horas semanales, los colegios de abogados rechazaron flexibilizar el servicio estableciendo un mecanismo de cita previa, con el compromiso de asistencia en un plazo máximo de siete días, y de ampliar el servicio a ciudades como Aranda de Duero (Burgos), Medina del Campo (Valladolid), Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Béjar (Salamanca).
Milagros Marcos aseguró que “el único objetivo es mejorar el servicio y el modelo de atención para que sea más flexible y más inmediato, adaptar el mismo a las necesidades de las mujeres y trasladarlo al medio rural, algo que ya hicimos con un convenio similar firmado con el Colegio de Psicólogos para la atención a las víctimas”. En este sentido, también puntualizó la negativa de los colegios de abogados a poner en marcha un servicio de asistencia telefónica con cita previa.
Al mismo tiempo, la consejera reseñó que no se trata de ningún recorte presupuestario, ya que ahora Cruz Roja, que recibirá 50.000 euros, y la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas), que contará con una subvención de 52.000 euros, prestarán un servicio que se ampliará y se flexibilizará en las condiciones rechazadas por los colegios de abogados.
Además, Marcos también destacó que a la vez que se presta el asesoramiento jurídico, las víctimas recibirán información de todos los mecanismo de protección con los cuenta la Junta, entre los que citó la Renta de Ciudadanía Garantizada, la atención a menores o personas mayores que estuvieran a cargo de la víctima o, en el caso de estudiantes, la posibilidad de traslado y acceder de forma gratuita a una residencia juvenil.
Por último, la consejera de Familia aseguró que en los últimos años Cruz Roja y Adavas venían prestando un mayor número de asistencias jurídicas a las víctimas que los colegios de abogados.
