El juez amenaza con expulsar a los acusados de Púnica por comentarios inapropiados contra algunos testigos
El magistrado del caso Púnica que se en sigue la Audiencia Nacional, Francisco Vieira, ha amenazado hoy a los acusados con desalojarles de la sala tras un episodio en el que alguno de ellos llegó a increpar verbalmente a uno de los testigos, en concreto la informática Sonia Sánchez, que testificaba en calidad de perito en el juicio que se sigue de manera lenta e intermitente desde hace más de dos meses en Madrid.
En un momento de la intervención de la perito, uno de los acusados elevó la voz para menospreciarla a raíz de su insistente defensa de que la red Púnica de las empresas Eico y Madiva se empleó para 'limpiar' con dinero público la imagen personal delos presidentes Isabel Carrasco, primero, y su sucesor Marcos Martínez Barazón, después, y no para beneficiar a la institución de la Diputación. Tras el improperio, que no se quiso atribuir a ninguno de los acusados en concreto, el juez les advirtió que “si no son capaces de sujetarse, me veré obligado a expulsarles de la sala”, tras lo que los ánimos parecieron calmarse.
No tanta calma se vivió en la reanudación del juicio al confrontarse, con no pocos enfrentamientos verbales, las valoraciones de los peritos, dos de ellos convocados por la acusación pública de la Fiscalía, y otros tres de parte del acusado Alejandro de Pedro, acusado como conseguidor de la trama con sus empresas Eico y Madiva.
Tal y como ocurriera en la última sesión hoy reanudada después de dos semanas de parón, todos ellos trataban de fijar el detalle clave de si las empresas 'púnicas' actuaron para beneficiar la reputación con nombres y apellidos al expresidente acusado Martínez Barazón o si se trataba de mejorar la imagen de la propia institución, detalle muy relevante a los efectos de una futura sentencia condenatoria o absolutoria.
Como era de esperar, y ya había ocurrido en la anterior jornada de mediados de enero, las versiones de los peritos de ambas partes fueron contrapuestas. Hasta el punto de que el propio juez, en nombre de la sala, necesitó aclarar directamente no pocos detalles que a pesar de las horas transcurridas no terminaban de tener claros los juzgadores. “Así no vamos a terminar nunca”, llegó a expresar el magistrado resignado a que esta fase de testimonios se continúe alargando sin que llegue todavía el momento final de la declaración de los seis acusados, la cual se decidió excepcionalmente relegar a las últimas jornadas en vez de a las primeras.
El juicio a la llamada 'trama Púnica', desmantelada en el caso de León a finales de 2014, se dirige en su acusación a seis personas, tres de ellas vinculadas a la Diputación de León, como son el entonces presidente, Marcos Martínez Barazón, el exdiputado y coordinador de Presidencia, Pedro Vicente Sánchez, y exinterventor Jesús 'Suso' López, a los que la Fiscalía pide ocho, siete y cinco y medio años de prisión respectivamente, por delitos tales como malversación, cohecho o tráfico de influencias, entre otras.
Los otros tres sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional son los conseguidores de la red Púnica, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartajena José Antonio Alonso Conesa, ambos de las empresas Eico y Madiva, así como la trabajadora Guadalupe Caballero.
