Una ganadera denuncia la muerte intencionada de uno de sus toros en el Puerto de Pinos en disputa con Asturias
La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que apoya a las juntas vecinales de Babia en la defensa de sus intereses en el Puerto de Pinos frente al asturiano Ayuntamiento de Mieres, denunció este lunes la muerte de un toro de una ganadera de San Emiliano tras recibir dos puntillazos de varios centímetros de profundidad en la nuca.
En una visita rutinaria para comprobar cómo estaba el ganado, se comprobó que el animal tenía un comportamiento anómalo, con una postura rara de cuello y movimientos que hacían sospechar de algún problema grave de salud pero el animal no dejó acercarse a un veterinario para poder revisar su estado. Al día siguiente, ya tumbado y sin poder moverse, vieron dos heridas, imposibles de curar, que acabaron con la vida del animal.
La propietaria ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil y también, según relató su hijo, la presencia de un grupo de cinco o seis personas de las que tan solo reconoció a dos naturales del valle de Turón (Asturias) en la zona en la que estaban pastando las vacas de su propiedad. Además, según la ganadera leonesa, cuando se retiró después de comprobar el estado de las reses, escuchó una serie de explosiones o detonaciones de grandes petardos o cohetes en la zona en la que las vacas estaban pastando, provocando que los animales se espantasen.
La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores recuerda que apuntillar a un toro es claramente un delito contra el bienestar animal, además del daño que supone para el propietario del mismo y que el empleo de petardos o cohetes en un espacio natural en una situación de sequía como la actual supone claramente una infracción administrativa y quiere denunciar la gravedad de estos hechos.
Lo ocurrido, señalan en un comunicado, significa una escalada en el conflicto competencial que existe entre el Ayuntamiento de Mieres y las administraciones de Castilla y León, dado que el Ayuntamiento asturiano ejerce y desarrolla políticas de fomento de la ganadería dentro de Castilla y León, imponiendo una gestión de este espacio claramente contraria no solo a los intereses de las cuatro entidades locales de la Comunidad, si no frontalmente contrarias a la normativa que rige el funcionamiento de las administraciones públicas y el ejercicio de las competencias de los municipios, dentro de su término municipal.