La Fiscalía de Castilla y León pide un delegado especial de Anticorrupción para la Comunidad
La fiscal jefe de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, demandó hoy la creación de una plaza de delegado de la Fiscalía Anticorrupción con competencias en toda la Comunidad, a diferencia de las existentes en otras regiones como Baleares, Cataluña y Andalucía donde tienen un carácter provincial. A su juicio, las especiales características de Castilla y León y la dispersión entre las nueve provincias motivan la creación de esta figura con competencias en todo el territorio para que sea “más eficaz” y “operativo”.
Rodríguez, que hoy compareció en la Comisión de Presidencia de las Cortes para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía del año 2016, reconoció la dificultad para “acotar” los diferentes delitos bajo la denominación de económicos. Precisó que el trabajo del fiscal se centra en los delitos fiscales, societarios y la declaración del IVA, sin olvidar la corrupción pública y privada. “Son delitos muy complejos y muy voluminosos, que requieren de muchos conocimientos y tiempo para un análisis minucioso”, aseveró.
Todos los grupos de la oposición apoyaron la creación del delegado del la Fiscalía Anticorrupción y demandaron que el Gobierno central cumpla con la demanda de la responsable del Ministerio Fiscal en Castilla y León. La portavoz del Partido Socialista en la comisión, Gloria María Acevedo, consideró esta demanda “muy positiva y acertada” para actuar en los casos complejos de ingeniería jurídica de difícil destino. Por su parte, Félix Díez, de Podemos, relacionó esta figura con el aumento de los casos de corrupción en la Comunidad.
Rodríguez subrayó, según declaraciones recogidas por Ical, la necesidad de acometer una reforma estructural, ligada a los proyectos de justicia y fiscalía digital. “Los proyectos deben ajustarse a nuestro trabajo y no al revés”, expresó. No en vano, recordó que la organización de la Fiscalía es diferente a cualquier órgano judicial.
De ahí que apostara por que el Ministerio de Justicia dote de cobertura y soporte a la Fiscalía, teniendo en cuenta sus características propias. “Tenemos plena autonomía organizativa pero no autonomía presupuestaria”, sentenció. A su juicio, la Fiscalía Digital ha mejorado mucho la actividad diaria pero, consideró, que “queda mucho por hacer” ante el “muy elevado” número de movimientos y procedimientos que manejan los fiscales y que, además, afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos. “La Oficina Fiscal debe adaptarse al fiscal del siglo XXI y ahora es decimonónica”, añadió.
Lourdes Rodríguez lamentó la falta de medios materiales y humanos, ante la falta de un adecuado soporte administravivo. Puso el ejemplo de su Fiscalía General que está integrada por ella y tres funcionarios que, “gracias a su esfuerzo”, se encargan de las labores de coordinación y relaciones institucionales, además del despacho de otros asuntos. De ahí que pidiera “poner orden” en la configuración de los medios y dar soluciones al trabajo de los fiscales de la Comunidad para que “no descuiden” su tarea principal que, tal y como dijo, es la persecución de los delitos, el estudio, las calificaciones y la asistencia a los juicios.
Mientras desgranó la memoria de 2016, apuntó que la comisión mixta de coordinación entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía de Castilla y León no se reunió en ese año aunque sí mantuvo el primer encuentro en junio pasado. Recordó que se trataba de la primera reunión por parte de una comunidad sin las competencias transferidas. Explicó que fue un momento para plantear algunas cuestiones operativas del colectivo como el oficio fiscal, formación y presupuestos “indispensables” de organización. En ese sentido, se mostró esperanzada en que esas demandas sean atendidas.
Una situación que fue denunciada por la oposición como explicó el procurador de Ciudadanos (Cs), José Ignacio Delgado, al calificar a Castilla y León como la “Cenicienta” en cuanto a medios judiciales, al “llegar tarde” y contar con escasos recursos, que provoca un atasco informático. “Si la justicia es lenta deja de ser justicia”, opinó.
Lourdes Rodríguez puso el acento en dos colectivos especialmente vulnerables como las personas mayores, las mujeres víctimas de violencia de género y los menores. Se refirió al ingreso de las personas incapacitadas de la tercera edad en los centros residenciales, no solo entre los mayores de 65 sino, sobre todo, en los que forman parte del “envejecimiento del envejecimiento”, por encima de los 80 años. Son personas, recordó, que presentan importantes deterioros en sus capacidades a la hora de decidir el ingreso en un centro residencial o asistencial, lo que obliga a la intervención de un fiscal para su entrada en estos lugares se haga con autorización judicial.
Coordinación en violencia de género
En cuanto a las víctimas de violencia de género, que en el caso de Castilla y León hubo seis mortales en 2016, la fiscal jefe demandó una necesaria planificación y coordinación de los recursos existentes. Citó la dotación escasa de la unidad de valoración integral de los jueces y los fiscales. “No hay medios suficientes pese a su importante trabajo para actuar de forma eficaz”, apuntó. Además, pidió hacer hincapié en la educación para prevenir los maltratos.
Rodríguez recordó a los parlamentarios en su comparecencia en las Cortes que el fiscal es el encargado de llevar la instrucción y, por tanto, la investigación en caso de los menores. Destacó la labor de investigación de las infracciones cometidas pero también la protección de los menores que pasa por la reinserción y la educación. La fiscal jefe denunció la falta de recursos suficientes en materia de menores, por parte de los Servicios Sociales de la Junta.
Enumeró la escasez de centros especiales para el internamiento terapéutico de jóvenes con enfermedades psiquiátricas así como la falta de plazas en dotaciones destinadas a los casos de violencia intrafamiliar, puesto que el alejamiento del hijo del núcleo familiar es positivo.“Son recursos que se imponen en las sentencias pero no se ejecutan por la falta de medios”, lamentó.
También se refirió a la siniestralidad laboral de la que dijo son procedimientos complejos y tienen una alta pendencia por la complejidad jurídica. En cuanto a la criminalidad informática, alertó que penetra en todos los delitos. “Estamos ante una problemática importante por la complejidad de las técnicas para investigar, que lleva a una saturación y atascos en los gabinetes periciales de la Policía Judicial”, expresó.
Menos diligencias previas
La fiscal general asistió al Parlamento autonómico a mediados de octubre, en la línea de lo expresado el año pasado cuando se comprometió a agilizar estas presentaciones. La Fiscalía General tramitó en la Comunidad un total de 78.820, de diligencias previas en 2016, lo que supuso un descenso del 51 por ciento con respecto al ejercicio anterior.
Rodríguez, que estuvo acompañada del teniente fiscal de Castilla y León, explicó que esta importante bajada se debió a las reformas legislativas que afectaron a la no remisión de los atestados policiales a los juzgados ante la inexistencia de un autor del delito, falta de datos e indicios así como el sobreseimiento de las diligencias previas. “Ahora, hay una entrada más discriminada de las diligencias puesto que muchas se archivan y, por tanto, no llegan a juicio ni se dicta sentencia”, declaró.
Destacó el descenso del 30 por ciento en la incoación de los delitos leves con las últimas reformas del Código Penal y la Ley de Enjuciamiento, que pretendían aprovechar mejor los recursos de la administración de justicia. Los delitos más clasificados en 2016 fueron contra la seguridad vial, el patrimonio y de lesiones. Los procedimientos abreviados estuvieron encabezados por los delitos contra el patrimonio y las lesiones mientras que en los urgentes (también llamados juicios rápidos) fueron contra la seguridad vial.
Lourdes Rodríguez valoró el dato de que el 81 por ciento de las sentencias emitidas el año fueran condenatorias, conforme a lo solicitado por el fiscal. También mostró su satisfacción con la conformidad previa, con una cifra global del 68 por ciento, que supone un “balón de oxígeno” para los tribunales de lo Penal al no celebrarse el juicio y, por tanto, beneficia para lograr con una justicia más rápida y eficaz. Eso sí, lamentó el excesivo tiempo medio que transcurre ente la incoación hasta el señalamiento del juicio, al situarse en 270 días.
“Parches y remiendos”
Durante el debate, la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista Gloria María Acevedo criticó a la Junta por su falta de asunción de las competencias en materia de justicia que se traducen en “parches y remiendos”. Lamentó las malas dependencias judiciales existentes en algunas provincias y citó los calabozos de la Policía en León. Abogó por dotar “adecuadamente” al Lexnet para que haya un adecuado funcionamiento de la administración de justicia porque aseguró que los profesionales, entre las que está ella como abogada, no quieren volver al papel.
Por su parte, Félix Díez, de Podemos, se felicitó por la memoria de la Fiscalía de Castilla y León ya que contrasta con el “discurso triunfalista” de la Junta. Incidió en las críticas de los dos años anteriores ante la falta de personal y de medios que afectan, sobre todo, a los más vulnerables como los menores y las víctimas de violencia de género.
El procurador del Partido Popular Ramiro Ruiz Medrano destacó la reducción “constante” del índice de criminalidad, lo que convierte a Castilla y León en una de los territorios más seguros de la Unión Europea, algo en lo que es posible gracias a los órganos judiciales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Reconoció que los medios, “como siempre, no son los deseados”, aunque relacionó la falta de efectivos por la ausencia de un Gobierno durante un año. “Ya hemos demandado más recursos en todas las instancias y contar con medios tecnológicos adecuados y suficientes”, afirmó.
