Firmado el convenio colectivo del personal laboral de la Junta.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y representantes de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y CGT suscribieron hoy en Valladolid el nuevo convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Administración autonómica que estará vigente hasta el 1 de julio de 2015 y que, entre las novedades, reordena la estructura salarial, de modo que repartirá las retribuciones en 14 pagas iguales a partir de enero de 2014.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 5 de septiembre, afecta a 17.677 trabajadores de la Junta y es fruto del consenso que se alcanzó el 5 de julio de este año en el seno de la comisión negociadora de 30 miembros que comenzó a reunirse en abril.

“Ha sido una negociación larga, pero no mucho”, resumió del Olmo, quien recordó que los encuentros arrancaron en el mes de abril y han podido concluir con agilidad gracias a la “voluntad negociadora” de ambas partes, destacada durante la firma. Ahora, el documento se depositará en el Registro de Convenios Colectivos para ser publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Del Olmo destacó, en coincidencia con los sindicatos, que la Administración “debía dar ejemplo como la principal empresa de la Comunidad” y explicó que ya no se podía seguir con un convenio denunciado desde 2007. El acuerdo otorga mayor seguridad jurídica a los trabajadores públicos y evita la cláusula de ultraactividad, que rechazaba la parte sindical y que “no gustaba ni a la propia Junta”, según comentó el secretario general de FSP-CyL CCOO, Carlos Julio López.

Igualmente, la consejera auguró que en 2014 no habrá aumento de la retribución, si bien aclaró que es una duda que que el Gobierno central deberá aclarar con la publicación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del 30 de septiembre. En compensación, dijo del Olmo, se encuentra la “ventaja” de que la inflación “está siendo muy baja y mejora el poder adquisitivo a los trabajadores”.

El documento rubricado hoy sustituye al que estaba vigente desde 2003. En materia de jornada, vacaciones y permisos el texto respeta la normativa y los acuerdos alcanzados previamente a su modificación. De ahí que recoja el cambio de las siete a las siete horas y media de trabajo diario y el paso de 25 o 27 días hábiles de descanso anual a los 22 actuales.

Paralelamente, incluye mejoras como la ampliación del periodo de disfrute de las vacaciones hasta el 15 de enero del año siguiente o que siete de esos días se puedan utilizar por separado, sin necesidad de integrarlos en un bloque de al menos una semana. Asimismo, admite que se soliciten cinco jornadas sin sueldo frente al límite anterior, que obligaba a pedir como mínimo 15, según explicó la consejera.

Conciliación

La norma contempla la flexibilización y adaptación del horario por razones de conciliación, siempre que resulte compatible con la naturaleza del puesto de trabajo y lo permitan las necesidades del servicio. Para ello prevé que en determinados casos se pueda autorizar temporalmente que la parte fija del horario sea de las 9.30 a las 14.00 horas, o bien de las 9 a las 13.30 horas. De este modo se busca atender las necesidades de quienes tienen a su cargo a personas mayores, hijos menores o discapacitados que no desempeñen una actividad retribuida.

Asimismo, la regulación incorpora mecanismos que facilitan los traslados de laborales fijos discontinuos por causas de salud. En este punto, el Gobierno de Castilla y León asume el compromiso de regular la cadencia de los procesos de provisión de este tipo de trabajadores sin perjuicio de que se estudie la viabilidad de otros procedimientos de movilidad a futuro, con la creación de una comisión específica que analizará las condiciones de estos efectivos.

Del Olmo subrayó que el convenio colectivo adapta su contenido al Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP) y a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Así y con el fin de cumplir las previsiones de esta última se suprimen las categorías profesionales, que se sustituyen por lo que se conoce como competencias funcionales. De cara a este proceso se prevé constituir en las próximas semanas una mesa técnica que se encargará de actualizar el sistema de clasificación vigente, para que sea acorde a las necesidades de la Junta.

Seis meses

Por último y en cuanto al personal laboral temporal, se han analizado diferentes aspectos relativos a las renuncias a puestos de trabajo y la adjudicación de destinos. En este campo, las partes negociadoras han acordado diseñar un nuevo procedimiento de selección y provisión en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de la firma del convenio, del que resultará una regulación distinta de la actual para las bolsas de empleo.

El ámbito de aplicación del convenio colectivo firmado hoy se extiende a todo el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad y de sus organismos autónomos. Su duración inicial es de dos años, si bien del Olmo añadió que podrá prorrogarse de año en año si ninguna de las partes lo denuncia y si existe acuerdo.

Acuerdo solidario

La parte sindical destacó el acuerdo, la voluntad negociadora del equipo de Pilar del Olmo y la seguridad jurídica que otorga. Así, la secretaria general de la FSP-UGT Castilla y León, Carmen Ámez, confió en que esta facilidad en el diálogo que ha protagonizado estas negociaciones “en tiempo récord, se extienda a todos los ámbitos de la Junta”.

También destacó, en presencia de la consejera, que en un periodo de crisis como el actual, este convenio “frena los recortes y salvaguarda los derechos de los trabajadores”. En ellos también se incluirá el personal laboral del Sacyl. “El convenio tiene mejoras a pesar de la crisis”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general de FSP-CyL CCOO, Carlos Julio López, ensalzó el “esfuerzo” de la Administración, pero también de los cuatro sindicatos firmantes “bajo una estrategia común satisfactoria”. Al respecto, calificó la firma como un “ejercicio de inteligencia” de todas las partes. “Esta firma no es el final, sino el inicio. Y cuando la situación económica se recupere nos garantiza recuperar los derechos”, expresó. También destacó que la Junta “debe dar ejemplo en el ámbito social”.

José Mariano Prieto, de CSIF, valoró que este acuerdo “busca en el tiempo la recuperación perdida a nivel estatal entre los empleados públicos. Entre las mejoras, las vacaciones, que se equiparan ”a todo el régimen común. Además, se ha conseguido evitar la cláusula de ultraactividad, “que daba miedo”, e insistió en que es un convenio de “solidaridad y de consenso para lograr la mejoría laboral”.

Por último, Tomás García, de CGT, fue el más crítico a pesar de haber suscrito el convenio. En este sentido, lo calificó de “transición, durante dos años”. “No lo queríamos, pero entendemos que era el momento de firmarlo”, arguyó. Además, le recordó a la consejera que este acuerdo “no recupera lo mucho perdido en los últimos años”.