Familia pacta con el sector adaptar la Dependencia
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha alcanzado hoy un acuerdo con representantes del sector prestadores de servicios, Acalerte y Lares; y del sector de la Discapacidad, Cermi, para adaptar la Ley de Dependencia a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley del Estado, bajo las premisas de salvaguardar la atención profesional y el empleo en los Servicios Sociales, y de garantizar que ningún dependiente quede desatendido.
Milagros Marcos ha realizado un repaso por el escenario actual y ha recordado que a la asunción por parte de la Junta de Castilla y León de un “déficit histórico de financiación”, que alcanza los 457 millones de euros desde que se puso en marcha la ley, se suma la crisis económica, la exigencia de dar cumplimiento a las modificaciones introducidas por el Gobierno y el descenso en la financiación marcada por el Estado. Tal y como ha señalado la consejera, la desaparición del nivel acordado y la reducción del 13 % en el nivel mínimo conllevará que Castilla y León deje de percibir 26,2 millones de euros en 2012 -22,5 millones del nivel acordado y 3,7 millones del nivel mínimo en cuatro meses-.
Esta situación, según ha expresado Marcos, obliga a introducir correcciones en el sistema de la Dependencia. Estas correcciones, pactadas hoy con el sector, se realizarán con el objetivo de proteger la viabilidad económica actual y futura del sistema de Servicios Sociales en general, y el de la Dependencia, en particular. Pero también para prestar una atención profesionalizada de calidad, garantizar la supervivencia futura de la red de recursos y evitar la pérdida de puestos de trabajo en los Servicios Sociales.
Para lograr todos estos objetivos, se acuerda con el sector introducir una serie de modificaciones. Así, la prestación económica de cuidados en el entorno familiar será excepcional, tal y como marca la Ley desde su nacimiento, y se fomentará el uso de la atención en servicios prestados por profesionales.
Para ello, se incrementarán de forma automática en un 20 % las cuantías máximas destinadas a los servicios profesionales, con el objetivo de que las personas que cuenten con menor capacidad económica puedan acceder a los servicios, y para que ninguna persona dependiente quede desatendida. Se garantiza así que la cuantía de la prestación económica para adquirir un servicio sea suficiente para que, unido al copago que pudiera corresponder a su capacidad económica, les permita acceder al servicio.
Junto a esto, la Administración Regional, de acuerdo con el sector, establecerá un precio máximo de referencia para cada uno de los servicios y unos criterios de calidad. Además, los criterios de copago de los servicios financiados desde la Junta de Castilla y León serán semejantes a los criterios de copago de un servicio público. Así se evitará que las condiciones para acceder a un servicio privado sean más ventajosas que para acceder a un servicio público.
Para preservar esta red de servicios profesionales en Castilla y León -una de las más extensas de España-, se reducirán de forma progresiva las cuantías destinadas a cuidados no profesionales, de tal forma que el 15 % de reducción del Estado se incrementa en un 15% en 2012, en otro 10% en 2013 y otro 10% en 2014.
Además, las personas que hoy estén percibiendo cuidados de sus familiares tendrán la opción, de forma inmediata, de solicitar libremente otros servicios tanto en el domicilio -teleasistencia, ayuda a domicilio o centros de día- como de atención residencial.
Dos nuevas prestaciones
Las personas dependientes de la Comunidad tendrán un mayor abanico de posibilidades para elegir un servicio. Y es que la Consejería de Familia ha decidido incrementar la cartera de servicios que se ofrece a las personas que permanecen en su hogar con dos nuevas prestaciones, que se ofertarán como novedad a todos los usuarios, indistintamente de su grado de Dependencia. Se trata del servicio de promoción de la autonomía personal y el servicio de asistencia personal. Castilla y León se convertirá así en la primera Comunidad Autónoma en regular de manera completa el servicio de promoción de la autonomía personal.
Se facilitará el acceso a estos servicios en todo el territorio de la Comunidad, fomentando el desarrollo de los centros multiservicios. Desde ellos, se podrán proporcionar diversas prestaciones: teleasistencia, promoción de la autonomía personal, ayuda a domicilio, catering, lavandería, comedor, centro de día, asistente personal y atención residencial.
Si aún así las personas dependientes desean continuar con los cuidados en el entorno familiar, sus cuidadores recibirán formación, apoyo y oportunidades reales y asequibles de descanso, coordinando las actuaciones que se llevan a cabo desde el ámbito social y sanitario.
Generación de empleo
La consejera ha explicado que potenciar los servicios frente a las ayudas en el entorno familiar redundará en una mejora de la calidad de la atención de las personas dependientes y, además, en un incremento en el número de empleos y, por consiguiente, de riqueza económica para la Comunidad.
Los cálculos realizados por la Consejería apuntan a que la transformación de las prestaciones económicas para el cuidado informal en servicios prestados por profesionales podrían suponer la generación de 11.000 puestos de trabajo profesionales en el domicilio o de 17.000 empleos en los centros de Servicios Sociales de la Comunidad.
Todas las medidas acordadas este viernes con el sector aparecerán recogidas en una orden que se publicará el próximo 31 de julio en el Boletín Oficial de Castilla y León, y que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de agosto.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha acordado con el sector constituir una comisión de seguimiento que supervisará de forma anual el impacto de todas las medidas contenidas en este acuerdo.
