Expropiaciones urgentes en La Bañeza para ampliar el cementerio por falta de sepulturas
La Junta de Castilla y León declara la urgencia de la expropiación de una finca en el municipio de La Bañeza para ejecutar la ampliación del cementerio municipal, por falta de sepulturas. El acuerdo, adoptado por el Consejo de Gobierno autonómico el 22 de enero y publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), permite al Ayuntamiento ocupar los terrenos antes de pagar el justiprecio, con el objetivo de acelerar una obra considerada prioritaria.
El proyecto afecta a una parcela ubicada en la calle Bodegas número 28, con una superficie de 2.750 metros cuadrados. Su titular, Enrique Alonso Ogando, alegó que la valoración era “manifiestamente insuficiente”, al considerarla por debajo del valor real de mercado. No obstante, el Ayuntamiento desestimó la reclamación al considerar que el valor de 5.862,69 euros se ajusta a la normativa vigente y que el propietario no presentó una tasación alternativa ni metodología válida.
La urgencia se justifica por la escasez de unidades de enterramiento en el cementerio actual. Según datos del Ayuntamiento, en 2024 se realizaron 107 inhumaciones y en 2025 otras 83. Actualmente solo quedan ocho nichos disponibles. El planeamiento urbanístico ya había previsto la expansión del recinto, y ahora se pretende utilizar una parte de ese suelo para construir nuevas sepulturas. La ampliación permitirá disponer de hasta 186 sepulturas triples, aunque en esta primera fase solo se ejecutarán 54.
Además de las sepulturas, las obras contemplan la urbanización del acceso, el cierre perimetral del nuevo espacio y la preparación del interior del recinto para completar más adelante la construcción prevista. El proyecto no requiere evaluación ambiental, ya que no afecta a espacios protegidos ni está incluido entre las actuaciones que exigen ese tipo de trámites según la legislación autonómica y estatal.
Contra el acuerdo de la Junta, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses desde su publicación.
