El juez procesa a los empresarios leoneses José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra por el caso 'Gürtel'
Un auto conocido este miércoles marca el inicio del juicio por la pieza separada del caso' Gürtel' que afecta a la actividad desarrollada por la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte entre los años 2001 y 2009. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acusa a 27 personas, 11 sociedades mercantiles y al Partido Popular (como partícipe a título lucrativo) de formar parte de un entramado “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad”. Este auto es de paso a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento como paso previo a la apertura de juicio oral.
Además de los 'cargos' más conocidos de la trama Gürtel como José Luis Correa, Pablo Crespo o el exalcade de Boadilla, Arturo González 'El Albondiguilla', sobresalen entre los procesados tres leoneses: José Luis Ulibarri Comerzana, José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín. Ulibarri y Martínez Parra lo hacen en su consideración de empresarios constructores que presuntamente habrían pagado comisiones a la trama Gürtel por adjudicaciones de solares en la localidad. En el caso de Blanco Balín es por haber contribuído al blanqueo de esas presuntas comisiones. Cabe recordar que hace escasos días otro auto también pidió que sean juzgados por el caso de las comisione por la visita del Papa a Valencia a Martínez Parra y a Blanco Balín, que usaron la constructora de origen leonés Teconsa para llevarse un megacontrato por el que luego habrían pagado comisiones a la rama valenciana de Gürtel según el juez.
Se da la circunstancia que Ulibarri y Martínez Parra, hijo del fallecido José Luis Martínez Núñez, serán juzgados en el mismo caso cuando históricamente sus empresas Grupo Begar (Ulibarri) y Grupo Martínez Núñez han sido rivales encarnizados en los negocios de construcción y comunicación, especialmente en la provincia de León.
Adjudicaciones irregulares de parcelas a cambio de comisiones
Según el juez en el caso de José Luis Ulibarri una de sus sociedades, UFC, SA, habría pagado una comisión de 580.000 euros (IVA incluído) por la adjudicación de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld “ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, SL”. El juez cree que la adjudicación de la parcela a UFC provocó un quebranto de 4 millones de euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que la comisión pactada fue de 1 millón de euros. A Ulibarri se le imputan presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad de documento mercantil, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.
En el caso de José Luis Martínez Parra su empresa Teconsa se habría adjudicado a cambio de comisiones “los contratos referidos a las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras y a las obras de colegio de enseñanza primaria 18 Uds., gimnasio y colegio de educación infantil 9 Uds. y comedor de los sectores 3 y 4, así como los contratos referidos a las obras de edificación de 96 viviendas con protección pública, obras de edificación de 80 viviendas y obras de edificación de 57 viviendas de promoción local”. El juez apunta a un pago de comisiones millonarias por llevarse estas obras entre los años 2001 y 2007, favoreciendo las adjudicaciones los cargos políticos a cambio de reparto del coste de las obras. A Martínez Parra le imputa presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y falsedad de documento mercantil.
El considerado 'cerebro financiero' de la trama Gürtel, el abogado bembibrense José Ramón Blanco Balín, se le acusa de contribuir a blanquear fondos de comisiones ilegales relacionados con operaciones en Boadilla del Monte y de beneficiarse de adjudicaciones en el Ayuntamiento. Se le imputan los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
El PP, beneficiario
El juez De la Mata apunta además al Partido Popular como beneficiario de los presuntos chanchullos ocurridos en la localidad madrileña. Por ello pide que comparezca en las actuaciones en calidad de “partícipes a título lucrativo”, designando abogado “por el beneficio que pudieren haber obtenido de los efectos derivados de la actuación atribuida, respectivamente, a las personas imputadas”.
Las partes afectadas tienen un plazo de diez días para manifestar su conformidad o disconformidad del auto, paso previo al juicio oral.
