Preguntas a la Junta para conocer lo que sobra de verdad

Una decena de empleados públicos en representación de las nueve provincias de la comunidad se han entrevistado este miércoles con el Procurador del Común, José Amoedo, para solicitarle que intervenga como “órgano de control” ante el Gobierno autonómico y reclame a la Junta “auténticas medidas para acabe con el despilfarro del presupuesto público y frene el deterioro de los servicios públicos”.

En el escrito solicitan que recabe información de temas concretos donde consideran que se está malgastando el dinero y reiteran lo expuesto en una carta dirigida a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, firmada por 9.000 trabajadores de la administración autonómica y entregada en el mes de junio para la que no ha habido respuesta.

Entre las medidas que reclaman está la de eliminar toda la “administración B”, que tal como ha explicado Quinidio Martínez -representante en León de la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu)- es todo el sector público paralelo, un total de 52 fundaciones e institutos que “se pueden suprimir” porque, en su opinión, los funcionarios pueden asumir ese trabajo.

Solicitan también el listado completo de los puestos de libre designación que hay en la Junta de Castilla y León así como el número de asesores y la relación completa de locales alquilados por la Junta y la cuantía mensual que desembolsan por ellos.

Los 9.000 empleados representados en este escrito quieren saber también cuánto dinero se gasta la administración en publicidad, en dietas, manutención, móviles, gastos de representación... En definitiva, transparencia en todo lo referente a la gestión autonómica para plantear después medidas de recorte en otros ámbitos que no sean el que afecta directamente al ciudadano.

Martínez espera que el siguiente paso no lo tengan que dar ellos y que la Junta “aproveche una institución que pagamos todos para responder lo que se le pregunta y que responda pronto, no dentro de siete años”.