Ecologistas piden intervenir en el proceso judicial contra el decreto del carbón
Las organizaciones ecologistas Greenpeace, ClientEarth y WWF han solicitado, este martes al Tribunal de Justicia de la UE, participar en el proceso contra el Real Decreto español que subvenciona el uso del carbón nacional en la producción eléctrica hasta 2014.
La Junta de Castilla y León y la minería del carbón de León y de Palencia esperan la aplicación del Real Decreto para reanudar la actividad en el sector, afectado por numerosos expedientes de regulación de empleo al no consumir la centrales térmicas mineral nacional.
“Queremos que se tenga en cuenta la vertiente medioambiental de la cuestión, más allá de los supuestos problemas de competencia que plantea la medida”, ha indicado la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace España, Aida Vila. Anular la decisión de la Comisión Europea, que dio su visto bueno a la norma española, “contribuiría a mejorar la protección medioambiental en España”, ya que evitaría un “aumento artificial” de la producción de electricidad a partir de carbón, añadió.
Estas organizaciones se declaran, además, preocupadas por el impacto que tendrá en otros países la posición del Ejecutivo comunitario, ya que puede alentar el apoyo mediante ayudas estatales a los sectores nacionales del carbón.
“La decisión de la CE abriría la puerta a que otros estados miembros refuercen sus sectores del carbón, lo que podría originar una nueva área de proteccionismo destructivo para el medio ambiente”, ha asegurado el director de ClientEarth, James Thornton. Desde WWF, Mark Johnston explicó que dado que España tiene una producción suficiente de electricidad, los subsidios al carbón “no tienen una justificación legal”.
Bruselas aprobó la medida española en septiembre pasado al considerar que respeta los límites fijados por la legislación europea, según la cual los países tienen derecho a producir el 15% de su electricidad mediante materias primas autóctonas.
Descontentas con esa decisión, las eléctricas españolas -Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa- y la Xunta de Galicia acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que las ayudas son contrarias a la libre circulación de mercancías y al mercado interior de la electricidad.
