Ecologistas en Acción de León ha perdido una batalla pero ni mucho menos da por perdida la guerra contra la instalación de una serie de macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno y placas solares para alimentar la llamada Red de Calor que la Junta de Castilla y León impulsa para el sur de la ciudad de León en el barrio de Puente Castro.
En concreto, la organización conservacionista, tras conocer que un juzgado de León ha desestimado a través de una sentencia su denuncia contra la fórmula de cesión del suelo por parte del Ayuntamiento de León, que consideran ilegal por varios motivos, ha decidido seguir pleiteando en instancias superiores. En concreto, a través de un comunicado anuncian la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.
Y es que, al contrario que el juez en León, ellos creen que está demostrado que hay suficientes motivos de nulidad en la concesión privativa del dominio público, del terreno que el equipo de Gobierno municipal que preside el alcalde José Antonio Diez aprobó el 26 de mayo de 2023 a favor de la empresa pública de la Junta Somacyl en el llamado Soto de Santa Olaja, suelo rústico protegido del barrio leonés de Puente Castro.
Entre sus argumentos, en los que insistirán ante el TSJ tras no tener éxito en primera instancia, están que esa concesión se otorgó sin conocimiento de toda la Corporación municipal, ya que no pasó por el Pleno, así como tampoco se sometió a información pública la documentación necesaria, es decir, la memoria justificativa, planos, pliegos de condiciones y presupuesto. Creen que habrían sido pasos imprescindibles “para acreditar y justificar debidamente el alcance de todas y cada una de las actividades que se proyectan sobre los terrenos del dominio público concesionado”. En su día lo resumieron muy gráficamente llamando a estas maniobras “una estafa con recochineo”.
Los argumentos, uno a uno
Ahora, impugnarán esta sentencia de León por considerar que “no se se han valorado de manera adecuada” los efectos de la concesión demanial con las máximas garantías, “en atención a la naturaleza del bien concesionado y al uso que de él se pretende”. Estiman que se produce en este caso una “falta de ajuste de la concesión al procedimiento establecido en el Reglamento de Bienes de las Entidades, plenamente vigente y de aplicación a todas las concesiones demaniales, no solo a las que se otorgan en régimen de concurrencia, sino también a las que se adjudican directamente entre administraciones, como en este caso, entre el Ayuntamiento de León y Somacyl”.
La concesión a la sociedad conocida como 'Junta B', no pocas veces tildada de “chiringuito”, e incluso criticada en su día por el propio alcalde leonés, se hace no sólo de las 24 hectáreas del Soto de Santa Olaja sino que también se le cede el subsuelo de 127 calles de la ciudad para la apertura de las zanjas que albergarán las tuberías de la Red de Calor. Recuerdan que el terreno designado y cedido, situado entre el cementerio municipal y el río Bernesga, “está doblemente protegido por el PGOU de León, que lo ha clasificado como suelo rústico con protección natural, por los valores naturales que alberga, y con protección especial”. Suficiente, cree 'Ecologistas', para desaconsejar su urbanización.
Además, recuerdan que todas las plantas proyectadas, varias de ellas con combustión, están sujetas a evaluación y autorización ambiental, “por su potencial impacto negativo sobre el aire, el agua y el suelo”, defendiendo este colectivo, como la plataforma vecinal creada en contra, que la ubicación es “especialmente inadecuada” en el casco urbano de León por la cercanía de viviendas de barrios enteros, como La Lastra y Puente Castro.
Estiman que “al otorgarla no se han respetado los principios de precaución y de no regresión ambiental, que deben presidir la toma de decisiones de la Administración en asuntos con repercusión sobre el medio ambiente”. Son varios los artículos de numerosa legislación la que esgrimirán ante el TSJ para intentar que este litigio se mantenga vivo, aunque no es el único judicializado, ya que por ejemplo también se pleitea contra la decisión de la propia Junta, es decir, otorgándoselo a sí misma, de blindar el proyecto como de 'Interés Regional'.