Ecologistas en Acción critica duramente que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León, haya otorgado a Somacyl la concesión demanial directa de 24 hectáreas de suelo rústico en Puente Castro y del subsuelo de 127 calles de la ciudad, para construir una central térmica de biomasa y 30 kilómetros de zanjas que alojarán las tuberías de la red de calor, afirmando que es “una estafa con recochineo”.
“La concesión se ha otorgado en el día de ayer, en la última sesión de la Junta de Gobierno de la presente legislatura y con graves irregularidades, expuestas por esta asociación en las alegaciones presentadas, hace más de tres meses, que no han recibido respuesta alguna”, exponen, continuando con la crítica de que “cierra con esta decisión, controvertida y polémica, una legislatura que, para Ecologistas en Acción, se ha caracterizado por la falta de transparencia y de diálogo”.
“Se ceden, a última hora, terrenos y viales públicos sin que se haya presentado documentación técnica que explique y justifique los proyectos a concesionar: central térmica y circuito urbano asociado, instalaciones de producción de hidrógeno y biogás y planta solar fotovoltaica. En la documentación con la que se ha tramitado la concesión, ni siquiera consta la potencia térmica nominal total de la central de biomasa, y ese dato es esencial porque determina el régimen de autorización del proyecto a efectos ambientales, que a su vez condiciona la viabilidad urbanística del proyecto y la propia concesión, que se ha otorgado a ciegas”, critican.
“Si como ha publicado la prensa, la potencia de la central de biomasa puede alcanzar los 75 MW, sería una 'gran instalación de combustión', según el reglamento de emisiones industriales (RD 815/2013), y por ese motivo, necesita autorización ambiental integrada, que es previa a cualquier otro permiso”, aseguran.
La Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León determina en su artículo 10 que “el otorgamiento de la autorización ambiental precederá a las autorizaciones sustantivas, licencias u otros medios de intervención administrativa… también precederá a la licencia urbanística cuando la actividad prevista pretenda ubicarse en suelo rústico”. “Según la misma Ley, la central de biomasa también está sujeta a evaluación de impacto ambiental simplificada”, afirma Ecologistas en Acción.
Construcción industrial prohibida en suelo rústico
También censura“ el objeto de la concesión es la parcela Soto de Santa Olaja, cuyos terrenos tienen la categoría de Suelo Rustico de Protección Natural en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León. Al respecto, el Reglamento de Urbanismo de CyL establece el régimen de uso del suelo rustico y prohíbe los usos industriales en el suelo rústico de protección natural. Siendo la central térmica de biomasa una gran instalación de combustión, con una potencia de más de 50 MW, su implantación en el Soto de Santa Olaja queda prohibida por el PGOU de León”.
Para Ecologistas en Acción “en tanto en cuanto no se modifique el PGOU, se tramite Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada de la central de biomasa y se otorgue Autorización Ambiental Integrada a dicha instalación, es extemporáneo y contrario a lo legalmente establecido aprobar, como se ha aprobado ayer, la concesión demanial directa a Somacyl de los terrenos y viales públicos que requiere la ejecución del proyecto de la red de calor de León”.
Además, “sin planos del conjunto de los proyectos del denominado 'parque de tecnologías renovables', sin estudios de detalle de todas las obras a realizar en el Soto de Santa Olaja, y sin pliegos técnicos y clausulas administrativas del conjunto de actividades a desarrollar por Somacyl, la concesión incumple la legislación que regula el uso de los bienes de dominio público, concretamente el Reglamento de Bienes de las Entidades locales”.
“Ante este cúmulo de incumplimientos legales, no es exagerado calificar la concesión demanial directa otorgada a Soyacyl, de auténtica desfachatez desde el punto de vista procedimental. Una estafa ambiental perpetrada con recochineo, que está Asociación tiene la intención de recurrir en vía administrativa y judicial”, aseguran.