Demandan en los tribunales la anulación de los conciertos educativos de Bachillerato en la provincia

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (Stecyl) formuló este miércoles ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una demanda en contra de la Orden sobre conciertos autonómicos para el periodo 2013-14 a 2016-17, donde pide que anulen las 68 unidades en Bachillerato que se han concedido a centros privados en cinco provincias de la Comunidad.

Además solicita también la anulación de las 37 unidades concertadas en aquellos centros que segregan al alumnado por razón de sexo. La organización presentó el pasado 27 de junio el referido recurso y ahora se ratificó la demanda de forma oficial tras el plazo habilitado al efecto por el juzgado. En este sentido considera que no procede la renovación de conciertos en Bachillerato, “una modalidad de concierto singular que no cumple en los actuales momentos con uno de los criterios para concertar que es el de la existencia de necesidades de escolarización”, explicó

Al respecto, Stecyl apuntó que esta situación es así porque los institutos públicos (IES) de las ciudades de Ávila, Burgos, León, Palencia y Valladolid cuentan con plazas suficientes en sus aulas y, teniendo en cuenta además que dada la situación económica existente y los recortes generalizados sobre la enseñanza pública,“ no parece eficiente el gastar el dinero público innecesariamente”.

En otro punto sostuvo que no cabe por ello en este caso que se “argumente la existencia de demanda de escolarización”. Igualmente, añadió que respeta la iniciativa privada, “pero el que quiera acudir a un centro de este tipo a cursar Bachillerato que se lo pague ya que se debe insistir en el hecho de que hay plazas públicas suficientes en los IES, además de resaltar que, si se anularan estos conciertos, ”las arcas públicas de Castilla y León ahorrarían al año más de cinco millones de euros“.

Así mismo en la demanda ante el TSJ se recurren los conciertos con centros que segregan por razón de sexo. “Entendemos que con el marco normativo actual (LOE) y dados los precedentes de sentencias en otros TSJ y en el Supremo, no se justifica el concierto con este tipo de centros que no apuestan por la coeducación”, explicó Stecyl, además de recordar que el coste de estos conciertos -un total de 37 unidades en cuatro centros) supone un montante global de cerca de dos millones de euros, “que se podrían utilizar para cubrir múltiples necesidades de los centros públicos de la Comunidad y sus familias”.