El Gobierno pide a las autonomías que regulen los precios de los centros sanitarios privados para evitar abusos
El Ministerio de Sanidad establece que las comunidades autónomas dispongan de los centros sanitarios privados para hacer pruebas diagnósticas y adopten las medidas necesarias para la regulación de los test para la detección del Covid-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio.
Así se determina en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que se ha publicado este martes, donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, obliga a los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes y notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de coronovirus que registren.
“Las autoridades de salud pública de la comunidad autónoma establecerán los procedimientos y el circuito para cumplir con los objetivos y con las tareas de vigilancia y contención de la epidemia”, se señala.
“Con el fin de reforzar el Sistema Nacional de Salud, se pone a disposición de las comunidades autónomas cualquier centro, servicio y establecimiento sanitario de diagnóstico clínico, que a la fecha de entrada en vigor de la orden no esté prestando servicios al Sistema Nacional de Salud. Esta puesta a disposición incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio”, reza el texto.
Las comunidades, obligadas a trasladar la información al Ministerio de Sanidad
También se limita la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 “a aquellos casos en los que exista una prescripción previa por un facultativo y se ajusten a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente”.
Finalmente, se establece la obligación de que las comunidades autónomas trasladen toda la información obtenida a Sanidad y la facultad del Ministerio para adoptar las medidas oportunas en base “a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión”.
