“Si a los colegios concertados no les renta, en vez de a niños que se dediquen a churros”

Concentración escuela Pública

C.J. Domínguez

Indignación. No nueva, pero sí mayor. Los sindicatos educativos consideran de manera unánime “una vergüenza” y un “horror” el sistema de cobros a las familias que tienen establecido la práctica totalidad de los colegios privados que reciben dinero público, 18 en la capital leonesa y 33 en la provincia, a raíz de la investigación desvelada por iLeon.com, así como la impunidad con la que ejercen esta vía recaudatoria por la falta de control de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que no ha abierto un solo expediente en Castilla y León por irregularidades en 16 años de competencias educativas, a pesar de tener constancia de muchas de ellas, como reconocen incluso colectivos como Escuelas Católicas.

Y no sólo los sindicatos. Desde la Federación Leonesa de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (Felampa), su presidente, Arsenio Martínez, espera que la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó una multa de 186.000 euros a un colegio por solicitar 20 euros a las familias trimestrales vaya sentando precedente. Porque ejemplos hay: como cuando “el Colegio Leonés cobró por un orientador que no les costaba nada, porque lo ponía la Junta” o “esas congregaciones tan religiosas que no predican eso de que hay que ayudar a los que no tienen y cobran 8 euros por dejar entrar un niño a disfrutar de las fiestas de su cole”.

“No se puede negar un vasito de chocolate en la fiesta por no pagar”

“Rechazamos este tipo de cosas”, comenta, “no conozco un Ampa de un colegio público que no le dé un vasito de chocolate y un bizcocho o unas castañas a un alumno que no haya podido o no haya querido pagar la cuota de la asociación”. Y es que Felampa tiene claro que “con estas dobles reglas, para los públicos y los privados, ellos no están jugando la misma partida: se quedan el dinero público que no va a otros colegios, ya les gustaría en el colegio Ponce de León, que tiene el patio que es un peligro, poder pedir 'desgaste de patio' y tenerlo perfecto; pero a los centros públicos ni se nos ocurre ni nos permitirían hacer eso”.

Por otro lado, Martínez exige cuentas claras “en tiempos que los que los desfases de dinero están a todos los niveles, no sólo políticos”, por no hablar de “la segregación social que aplican a las familias, pidiendo dinero para permitir a un alumno utilizar un recurso de Internet o ciertos libros... Tremendo”.

Colegio Leonés.

CGT: La Junta recorta lo público y defiende el negocio de unos pocos

Desde el área de Educación del sindicato CGT en León, Juan Miguel Alonso considera que esta situación “es contraria al derecho a la Educación, a los principios de una educación pública, universal y laica” y porque “supone una selección por motivos económicos del alumnado”, suficiente a su juicio para considerar este sistema “ilegal” a favor de “un negocio privado que de este modo es boyante, especulativo y muy lucrativo para estas empresas”.

Pero lo que le indigna es que “la Junta, el PP, no haga absolutamente nada, y no lo hace porque es su modelo, con una mano recortan lo público mientras defienden a capa y espada a unos pocos que hacen negocio.

CCOO: “Rompen las normas con las que debemos jugar todos”

Compartiendo la práctica totalidad de los argumentos, desde CCOO su secretario provincial, Ignacio Fernández, rebate además algunos de los argumentos que defienden estos centros concertados para no sólo pedir que se permita seguir cobrando a las familias “indiscriminadamente” sino incluso exigiendo más dinero público en los conciertos porque la actuación financiación les hace deficitarios: “Si (a los colegios concertados) no les renta, en vez de a niños que se dediquen a churros, o negóciese un marco legal claro y ya diremos entonces lo que nos parece” a los sindicatos y el resto de colectivos implicados.

Fernández también ataca “la connivencia y complicidad” de la Junta, la administración que “sí persigue cualquier otra infracción” e incumple así su obligación de vigilar e impedir “que nadie rompa las normas con las que debemos jugar todos”.

FeteUGT: “Nadie controla el destino del muchísimo dinero que supone”

Desde Fete-UGT León, Jesús López Iglesias tiene “clarísimo” que los centros concertados por definición “no tienen que cobrar nada de nada de nada”, entre otras cosas porque “para eso ”los colegios públicos llevan años de graves recortes mientras en los concertados no se ha recortado ni un céntimo“ y de todo ese dinero que ingresan por ”presuntas aportaciones voluntarias, además, nadie controla el destino real que tiene, y hablamos de muchísimo dinero“. ”Conocemos casos de presiones para que algunos niños acaben dejando ese colegio, muchos que no los pueden pagar, casos como los Agustinos que disponen de un maravilloso pabellón de deportes mientras en colegios públicos hay accidentes por el estado del suelo“, relata López Iglesias. ”Instamos que a con estas evidencias la Junta deje de hacer la vista gorda y ponga fin a esto“, remata.

Stele: “Estudiamos si es posible iniciar acciones legales”

Desde el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Leon (Stele), Javier Sarmiento va más allá y asegura que “pediremos a la Dirección Provincial de Educación que investigue” estas 'donaciones', su destino y la forma de conseguirlas “y que aplique la Ley y si es ilegal lo corte de raíz”. Porque advierte que de no hacerlo la Junta de Castilla y León, desde León o desde la Consejería, “estudiaremos seriamente si es posible iniciar acciones legales” desde el sindicato.

Además de coincidir en que la situación se debe a “la política más que de la Junta, del PP, de la escuela privada en detrimento de la pública” porque en el caso de los concertados “admite situaciones ilegales y mira para otro lado”. Y por completar las críticas, respecto a la 'golosina' de que las aportaciones desgraven fiscalmente aprovechando que se dirigen a fundaciones o congregaciones religiosas sujetas a la Ley de Donaciones, advierte que así “todos los ciudadanos pagamos dos veces esta situación: primero con el dinero público del concierto y luego devolviéndoles vía impuestos a las familias una parte del dinero que aportan”.

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