Ciudadanos pide eliminar los alimentos con aceite de palma de hospitales, colegios y residencias
La procuradora de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Belén Rosado, ha presentado un total de cuatro proposiciones relativas al consumo de alimentos elaborados con aceite de palma, a través d ellas que pide “la eliminación de estos alimentos en todos los centros hospitalarios gestionados por Sacyl, en los menús escolares y en los menús diarios de las residencias sociosanitarias de Castilla y León”. También, instar al Gobierno central que, a través del Ministerio de Sanidad, se ponga en marcha una campaña de concienciación de los riesgos del consumo del aceite de palma.
“El aceite de palma forma, desde hace años, una parte importante de nuestra dieta sin que, por desgracia, tengamos una información explícita de los productos que lo contienen, así como de sus efectos perjudiciales para la salud”, explica la procuradora naranja, quien asegura que la elaboración con este aceite se debe a que “su precio por tonelada en el mercado es mucho más rentable que el aceite de oliva, de coco o de maní”.
Belén Rosado apunta que “sus implicaciones y efectos sobre la salud merecen una mayor atención por parte de las instituciones, porque está compuesto en un 50 por ciento de ácidos grasos saturados relacionados con el aumento de colesterol” , y añade que la OCDF “cifra en 59,3 kilogramos por persona el consumo anual del aceite de palma”.
“Uno de cada dos productos alimentarios en nuestros supermercados contiene esta sustancia”, añade la procuradora, quien alerta de que “existe una evidencia científica contundente que correlaciona directamente el consumo del aceite y el desarrollo de cáncer, carcinomas y metástasis”.
En este sentido, Rosado recuerda que la Organización Mundial de la Salud aconseja a las instituciones “un esfuerzo conjunto para reducir los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares”. “En las últimas semanas, las principales cadenas distribuidoras de alimentos y supermercados ya están apostando por prescindir de la comercialización de productos procesados con aceite de palma y, siempre que sea posible, sustituirlo por otros ingredientes saludables”, añade. “Las instituciones deben ser responsables y garantes del derecho de la ciudadanía a la salud, procurando que cuenten con la mayor información posible en su toma de decisiones”, concluye Rosado.
