Uno de cada cinco policías locales de Castilla y León podría jubilarse el próximo año
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León cifra en el 20 por ciento el número de policías locales de la Comunidad que el próximo año podrían jubilarse tras la aprobación, el pasado viernes en el Consejo de Gobierno de un Decreto Ley que regula la jubilación anticipada de los agentes, que podrán solicitarla a partir de enero con 59 años en caso de acreditar 37 de actividad efectiva y de cotización.
El responsable de Seguridad del sindicato en la Comunidad, Valentín Martínez, además de resaltar que la jubilación anticipada de los agentes no supondrán ningún coste para las arcas de la Seguridad Social, también subrayó que vendrá a rejuvenecer unas plantilla muy envejecidas y, por lo tanto, a mejorar el nivel de seguridad.
En principio, según los cálculos de CSIF, de los casi 2.400 policías locales del conjunto de los ayuntamientos de la Comunidad, 478 podrían jubilarse de forma anticipada a partir del 2 de enero por cumplir los requisitos, mientras que a lo largo del año esta cifra se incrementará hasta situarse entre 550 y 600. Aunque se trata de una opción voluntaria, Martínez aseguró que la “inmensa mayoría” de los agentes se acogerán a una medida que viene siendo reivindicada desde hace más de una década por CSIF.
Tanto Martínez, como el presidente autonómico del sindicato, Carlos Hernando, reclamaron a los ayuntamientos a que aceleren el refuerzo de las plantillas de agentes locales con nuevas ofertas de empleo público, y también pidieron a la Seguridad Social que agilicen los trámites administrativos pertinentes para facilitar la jubilación.
Además, también instaron a la Junta a que se anticipe a las ofertas de empleo público de los consistorios y prepare la Academia Regional de Policía para que los nuevos agentes no vean retrasados sus procesos de formación.
En este sentido, los representantes de CSIF aseguraron que apenas tendrá efectos en la actividad policial la pérdida de efectivos que se producirá entre las primeras jubilaciones y la llegada de nuevos agentes, dado que desde la convocatoria de las plazas hasta la incorporación efectiva a las plantillas transcurrirá, como mínimo, quince meses.
Advertencia
Martínez argumentó que esta situación es fruto del “retraso injustificado” del Gobierno en aprobar esta medida, ya que el anteproyecto del Real Decreto estuvo retenido “incomprensiblemente” en el despacho del exministro Cristóbal Montoro. No obstante, aseguró que desde CSIF se viene advirtiendo a los ayuntamientos desde hace año y medio de que se anticipasen a la aprobación de esta medida.
El presidente del sindicato también afirmó que con este Real Decreto se gana un “derecho justo para los policías locales de España, pero también se mejora la seguridad de todos los ciudadanos, ya que un agente con más de 60 años en las calles no cuenta con aptitudes físicas y psicológicas para enfrentarse a las diferentes situaciones policiales”.
Con el fin de que la jubilación anticipada, de la que a nivel nacional se podrán beneficiar más de 4.500 agentes, tenga un resultado neutro para las finanzas de la Seguridad Social, y no se recorten las pensiones de los beneficiarios, el Real Decreto exige un tipo adicional de cotización a los ayuntamientos y a los policías. El tipo que se aplicará sobre la base de cotización será del 10,6 por cinto. De esta cifra, el ayuntamiento abonará el 8,84 por ciento, mientras que el trabajador aportará un 1,76 por ciento.
