Cinco años de cárcel por prevaricación y cohecho para el primer presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil
A principios del otoño de 2012 explotaba la Operación Pokémon. Francisco Fernández Liñares, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y antes hombre fuerte de los gobiernos del socialista Xosé López Orozco en el Ayuntamiento de Lugo destacaba como uno de los políticos más importantes implicados en ella, según esta información de elDiario.es.
“Al ser llamado a declarar, el que había sido responsable en Lugo de áreas tan sensibles como Seguridad Ciudadana, Urbanismo o Economía en Lugo, –además del primer presidente de la Confederación Miño-Sil–, admitió que había recibido pagos de múltiples empresas por importes que, sumados, se acercan a los 300.000 euros, pero antes quiso hacer ver que, al menos de palabra, estaba arrepentido de lo que había hecho hasta poco tiempo atrás”, explica en su noticia el periodista David Lombao.
Pues por todo ello ha sido condenado a cinco años de prisión, veinte de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa de 7.200 euros, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo. El tribunal “considera acreditado que el acusado, entre 2009 y 2012, en su condición de presidente del organismo, adjudicó contratos de obras a sociedades, con cuyos representantes se había puesto de acuerdo, a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus propiedades” en un delito continuado de cohecho y prevaricación.
Junto al primer presidente de la CHMS, también han sido condena a ocho empresarios como autores de los mismos delitos a un año y tres meses de cárcel y seis años de inhabilitación para empleo o cargo público; además de seis meses de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas y para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público, así como la inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante un año y nueve meses, según esta noticia de ConfiLegal.
Conspiración para repartirse las pequeñas obras
Según el tribunal el acusado adjudicaba las obras mediante procedimientos negociados, en las que es obligatorio solicitar al menos tres ofertas de tres empresas distintas antes de cerrar los contratos. Sin embargo, el entonces presidente de la Miño-Sil y los tres empresarios que concurrían a las licitaciones ya habían pactado previamente cuál de ellos sería el adjudicatario del contrato.
De esta manera se turnaban para ir recibiendo obras, impidiendo la concurrencia de más empresas y provocando una falsa sensación de legalidad cuando el procedimiento supone un cohecho claro por parte de todos los implicados y de prevaricación por la de Fernández Liñares: una conspiración en toda regla para beneficiarse del dinero público. La sentencia todavía no es firme y se puede recurrir en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
