Castilla y León registra en un año seis expedientes sobre posibles casos de bebés robados

Seis personas de Castilla y León han recurrido a la Oficina de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos en el primer año de funcionamiento para solicitar la documentación registral a disposición de la administración (expedientes sanitarios y datos registrales, entre otros) que pueda ayudar a aclarar sus respectivos casos. Es un número pequeño en comparación con los 476 expedientes abiertos en toda España. La Comunidad de Madrid registró 162 casos, seguida de Cataluña (31), Canarias (23) y Andalucía (18).

La directora de este servicio, Carmen de Troya, explicó que la casuística registrada es muy amplia porque en este tiempo han atendido a personas que sospechaban que sus bebés fueron sustraídos o vendidos y otras que dudaban de la legalidad de sus adopciones. “Pero, curiosamente, una gran parte de los que han acudido sólo querían conocer sus orígenes biológicos, saber quiénes eran sus padres o sus hermanos, nada más”, precisó.

Al acceder a este servicio, los interesados prestan el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los datos relativos al nacimiento o parto y que así se pueda proceder a un cruce con los que constan en la historia clínica o en cualquier otro documento en poder de los centros sanitarios.

Con los datos facilitados por los afectados, la oficina ha remitido durante este año un total de 503 oficios a las distintas administraciones e instituciones públicas que pudieran tener algún antecedente sobre el caso. De estos, 210 se dirigieron al Ministerio de Sanidad; 130 a cementerios; 118 al Registro Civil, y los 45 restantes a fiscalías, diputaciones, ayuntamientos y archidiócesis, entre otras. Más de la mitad recibió contestación.

La colaboración del Ministerio del Interior ha permitido que las Oficinas de Denuncia y Atención al Ciudadano desplegadas en todo el territorio nacional hayan sido uno de los principales cauces utilizados por los afectados para la presentación de expedientes. Así, durante este primer año de funcionamiento de la oficina de información, 116 solicitudes procedían de distintas comisarías; 53 de la Guardia Civil; 1 de una embajada y las 200 restantes se presentaron a través del sistema de cita previa en la propia Oficina de Información de la calle de La Bolsa número 8 en Madrid.

Perfiles genéticos

Otro de los servicios que ofrece esta oficina es la inscripción de forma gratuita del perfil genético del afectado - realizado tanto en un laboratorio público como privado, pero siempre con las debidas garantías-, en una base de datos única, centralizada en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). Esto permite que se cotejen estos perfiles para verificar la existencia de compatibilidades genéticas de las que puedan revelarse indicios de relaciones familiares biológicas.

El Instituto de Toxicología valida técnicamente los informes genéticos recabados, comprobando que cumplen con los requerimientos científicos mínimos para garantizar la máxima calidad pericial. En total, 213 perfiles genéticos han sido aportados por los afectados en este primer año, aunque, por el momento, no ha habido indicios de compatibilidad genética, ya que se trata de una base de datos aún pequeña.

De Troya hace un llamamiento a los posibles afectados para que depositen su perfil genético en esta base de datos para aumentar así las posibilidades de obtener coincidencias. De esta manera, con el incremento de perfiles genéticos a lo largo de los próximos años, el INTCF podrá emitir un informe definitivo y requeriría a las personas afectadas una nueva toma de muestras de referencia con el objeto de contrastar los resultados.

Acuerdo entre organismos

Para la puesta en marcha de la oficina ha sido necesaria la colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fiscalía General del Estado, lo que ha permitido agilizar y simplificar muchas de las actuaciones de este servicio de información.

Las cuatro instituciones alcanzaron en 2013 un acuerdo de colaboración para establecer un mecanismo de comunicación e intercambio de los datos disponibles en cada uno de estos departamentos con el propósito de facilitar el acceso a los mismos de los posibles afectados.