Castilla y León busca alianzas en Francia para cambiar la futura PAC 2014-2020

El director general de Política Agraria Comunitaria, Pedro Medina, ha participado en un foro organizado con motivo del Salón de Agricultura de Aquitania donde ha explicado la posición de la Comunidad ante la reforma de la PAC. Además, ha visitado el certamen y ha mantenido un encuentro con el presidente de la región francesa de Aquitania, Alain Rousseau, y con el presidente de la Feria y de las cámaras agrarias de la zona, Dominique Graciet. El objetivo de este viaje ha sido estrechar los lazos de colaboración en materia agrícola entre ambas regiones para defender los intereses sociales y económicos de las regiones y de los agricultores y ganaderos.

La región de Aquitania, con más de 1,5 millones de hectáreas agrarias útiles y más de 43.000 explotaciones, tiene entre sus principales cultivos el maíz, el trigo, el girasol y sus viñedos, en especial en el departamento de Burdeos. Respecto al sector ganadero, el vacuno tiene gran relevancia para esta zona francesa, con un censo superior a las 768.000 unidades, de las cuales más de 100.000 se destinan a la producción de leche. Además, destaca como la segunda región en carne de ovino y por su importante producción láctea tanto de vacuno como de ovino.

Las cifras ponen de manifiesto, como ha recordado el director general, que “Castilla y León y esta región tienen muchos puntos en común. Por lo que es bueno que trabajemos en común por el sector, por sus agricultores y ganaderos”. La Junta de Castilla y León y el Gobierno Regional de Aquitania, como ha anunciado Pedro Medina, trabajan, desde el punto de vista técnico, para suscribir un acuerdo en aras de conseguir una Política Agrícola Común fuerte después de 2013. Este documento, que actualmente se está concretando y que rubricarán próximamente la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente y el presidente de Aquitania, defenderá los intereses de ambas regiones ante la futura PAC.

El director general de Política Agraria Comunitaria ha recordado la necesidad de que no se reduzca la financiación que la Unión Europea destina al sector. Además ha solicitado que se conozca “cuanto antes” la financiación de la política ligada al desarrollo rural y ha añadido que “esta cifra debería de provenir de recursos horizontales y nunca con cargo a la modulación, ya que perjudicaría a los intereses de los agricultores y los ganaderos”.

Asimismo, ha criticado que la Comisión Europea pretenda imponer “un excesivo peso” a los condicionantes medioambientales en la futura reforma: “Un 30 por ciento de los pagos directos dependerán del cumplimiento de estas exigencias ecológicas, un porcentaje muy elevado. Además, estos criterios no tienen en cuenta la diversidad de las distintas explotaciones y esta situación perjudica en especial a los sectores más intensivos del sector agrario de Castilla y León y de Aquitania”.

Medina ha explicado que el actual modelo de pago base en forma de “tasa plana” perjudicará a dos de los sectores más relevantes tanto de la región francesa como de Castilla y León, como son el vacuno de leche y el ovino tanto de carne como de leche. Se debería estudiar, como ha pedido el director general, “para evitar que se perjudique a estos sectores tan relevantes la posibilidad de establecer un sistema de derechos especiales similar al de la actual PAC”.

Búsqueda de alianzas

En su estancia en Aquitania, Pedro Medina ha recordado que nos encontramos en “un periodo trascendental para la definición de la reforma ya que ha comenzado, en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo, el debate de los diferentes textos legislativos”. Además, se está realizando, de forma paralela, la negociación del marco financiero presupuestario para ese periodo. Por estos motivos se trata, como ha explicado el director general, de un momento decisivo en el que se deben buscar alianzas con otros estados miembros de la Unión Europea con objetivos comunes para reorientar algunos de los actuales planteamientos de reforma de la futura PAC y en especial demandar una PAC fuerte y estable en el tiempo.

Castilla y León está trabajando intensamente en la búsqueda de alianzas. El pasado 19 de diciembre de 2011, una delegación del Gobierno autonómico, encabezada por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, mantuvo una reunión en el Parlamento Europeo con diputados miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural; entre ellos, con el ponente del reglamento de pagos directos de la reforma, Luis Manuel Capoulas Santos, quien posteriormente -el pasado 24 de febrero- visitó Castilla y León y mantuvo otra reunión de trabajo con la consejera, en la que se analizaron temas concretos relacionados con el sector ganadero, el gran olvidado en las propuestas de la reforma.

Esa reunión tuvo como principales objetivos buscar alianzas en el Parlamento Europeo y así poder introducir enmiendas a los actuales textos utilizando el poder de codecisión que el Tratado de Lisboa ha otorgado a esta cámara; y poder contribuir a mejorar las propuestas de reforma en beneficio de los intereses del sector agrario y agroindustrial de la Comunidad.

Enmiendas presentadas en el Comité de las Regiones

La defensa de los intereses y las propuestas de Castilla y León en el diseño de la nueva PAC también se plasmó el pasado 26 de marzo en la décima reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité de las Regiones; la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, asistió en representación de la Junta de Castilla y León. El Gobierno autonómico presentó trece enmiendas al proyecto de dictamen acerca de las propuestas legislativas sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y de Desarrollo Rural, aplicable a partir de 2013.

Entre tales enmiendas se incluyeron cuestiones como la necesidad de mantener la financiación de la PAC en el nivel actual para el próximo período de programación, y que la mayor parte de esta se dirija al sector agrario y alimentario, para garantizar un nivel de vida adecuado para nuestros agricultores; la petición de revisión de la propuesta de eliminación de los sistemas de cuota, una vez sean conocidos los estudios de impacto encargados; flexibilizar la transferencia de fondos entre los dos pilares -el primero, destinado a ayudas económicas y de mercado, y el segundo, relativo al desarrollo rural-; facilitar el relevo generacional y la trasmisión de las explotaciones mediante un sistema de pago base vinculado a la declaración anual de unidades productivas y no a la tenencia de derechos; y, sustituir el concepto de “agricultura ecológica” por el de “agricultura sostenible”, ya que el primero tiene una normativa específica en el denominado segundo pilar de la PAC.